El Departamento de Justicia anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo por valor de 8340 millones de dólares con la farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del medicamento opiáceo altamente adictivo OxyContin, para cerrar los casos civiles y criminales que mantenía desde hace años con la empresa y sus propietarios, la familia Sackler.
Purdue Pharma ha acordado declararse culpable en un tribunal federal de Nueva Jersey de tres cargos criminales relacionados con pagos fraudulentos a proveedores de atención médica y otras acciones, y por ello deberá pagar «las multas más grandes que jamás se han impuesto a un productor farmacéutico», en palabras de la fiscalía federal de ese estado.
Ese acuerdo allana el camino para que la farmacéutica, que se declaró en bancarrota hace un año debido a un aluvión de demandas, entregue sus futuros beneficios a las ciudades y estados que la acusan de alimentar la crisis de los opiáceos en el país, y además no impedirá al Gobierno perseguir a los dueños o empresarios de Purdue en el futuro.
«El abuso y desvío de los opiáceos con receta médica ha contribuido a una tragedia nacional de adicción y muerte, además de la causada por los opiáceos ilegales en las calles», dijo en un comunicado el fiscal general adjunto de EE.UU., Jeffrey Rosen.
«Con las declaraciones de culpabilidad criminal, un acuerdo federal de más de 8000 millones y la disolución de la compañía y reutilización de sus activos completamente a beneficio del público, la resolución anunciada hoy reafirma que el Departamento de Justicia no cederá en sus múltiples esfuerzos para combatir la crisis de los opiáceos», agregó.
El acuerdo monetario incluye una multa de 3544 millones de dólares y un embargo de 2000 millones para saldar las causas criminales más 2800 millones para resolver responsabilidades civiles, pero dado que los activos de Purdue Pharma son muy inferiores, pagará 225 millones y se espera que el Gobierno federal aporte la mayor parte del resto.
Los propietarios de Purdue, miembros de la otrora poderosa familia Sackler, aportarán 225 millones de dólares por separado para zanjar su correspondiente demanda civil.
El fiscal Rosen dijo que una «pieza clave» de la resolución es que, si las autoridades aprueban el proceso de bancarrota de Purdue, que se dirime en Nueva York, esto implicará que la empresa «se disuelva y no exista en su forma actual, que los Sackler (y sus sucesores) cedan su propiedad y control, y que los activos se trasfieran a un nuevo fondo público benéfico».
En ese caso, el Departamento de Justicia «acreditará a la compañía por el valor conferido a través del fondo público benéfico contra la cantidad embargada, excepto por los 225 millones que serán pagados a EE.UU. en la fecha efectiva de la quiebra», explicó el fiscal.
Purdue introdujo en el mercado estadounidense el opiáceo altamente adictivo OxyContin en 1996 y emprendió una agresiva estrategia de comercialización, punto de inicio de una crisis que en las dos últimas décadas ha matado a cientos de miles de personas en el país.
El acuerdo no ha sido bien recibido por muchos estados, que la semana pasada escribieron una carta al fiscal general William Barr expresando preocupación porque el Gobierno tenga vínculos con una nueva entidad que cuente con los activos de Purdue Pharma y el negocio de OxyContin.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, dijo en reacción al anuncio que el Gobierno federal «tenía el poder para enviar a la cárcel a los Sackler» y criticó que «Purdue probablemente nunca pagará por completo».
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