Análisis de noticias
Si es confirmada por el Senado de Estados Unidos y se convierte en la primera mujer negra en formar parte de la Corte Suprema, y si su trayectoria judicial hasta ahora sirve de guía, Ketanji Brown Jackson será probablemente un miembro fiable del bloque liberal de tres miembros del alto tribunal.
La llegada de Jackson mantendría la actual alineación ideológica del tribunal, que ahora está formado por seis conservadores –tres de los cuales fueron nombrados por el entonces presidente Donald Trump– y tres liberales.
Nacida como Ketanji Onyika Brown, Jackson cumple 52 años este 14 de septiembre. Sustituiría al juez Stephen Breyer, que cumplirá 84 años el 15 de agosto. Jackson trabajó anteriormente en la Corte Suprema para Breyer, quien la elogia. Está emparentada con el expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (R-Wisc.), que se presentó a la vicepresidencia en 2012 en contra del entonces titular, Biden. Tras conocer la nominación, Ryan dijo en un tuit: «Nuestras políticas pueden diferir, pero mis elogios por el intelecto de Ketanji, por su carácter y por su integridad, son inequívocos».
Nacida en la capital del país, Jackson se trasladó con su familia a Florida cuando era joven. Su padre era abogado jefe de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. Su madre era directora de una escuela pública magnet. Estudió en la misma preparatoria que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el director de Salud Pública de EE. UU., Vivek Murthy, donde fue presidenta del cuerpo estudiantil y destacó en los debates. Se graduó del Harvard College y de la Facultad de Derecho de Harvard. Fue reportera e investigadora en la revista Time, trabajó en cuatro bufetes de abogados de élite y ocupó tres puestos en la judicatura federal, además de ser abogada y comisionada en la Comisión de Sentencias de EE. UU. cuando ésta se propuso reducir las penas por delitos de drogas. En una experiencia que no es típica de los jueces de la Corte Suprema, Jackson trabajó durante dos años como abogada de oficio, reporta Amy Howe en SCOTUSblog.
Cuando el Washington Post revisó los casos que Jackson manejó como defensora federal, reportó que «ganó victorias poco comunes contra el gobierno que acortaron o borraron largas penas de prisión».
Su experiencia como defensora pública es un punto atractivo para los demócratas. «Antes de que Biden se convirtiera en presidente, solo un 1% de los jueces federales de apelación habían realizado previamente el tipo de trabajo que ha hecho Jackson», reporta Joel Mathis en The Week.
Jackson fue una de las abogadas que participó en un informe de amigo del tribunal en 2001, argumentando a favor de una ley de Massachusetts que formaba una «zona neutral» alrededor de los peatones y los automóviles cerca de las clínicas de aborto. Un tribunal federal de apelación permitió que la ley se mantuviera.
Jackson es ahora jueza del influyente Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que ha servido como una especie de equipo de preparación para el alto tribunal. Otros ocho jueces del Circuito de Columbia han llegado a la Corte Suprema, entre ellos los fallecidos Antonin Scalia y Ruth Bader Ginsburg. Los actuales jueces de la Corte Suprema procedentes de ese tribunal son Clarence Thomas, John Roberts y Brett Kavanaugh, reporta Ballotpedia.
Biden nominó a Jackson para el tribunal de apelaciones de Washington el 19 de abril de 2021, y el Senado estadounidense la confirmó el 14 de junio siguiente en una votación de 53 a 44. Sustituyó a Merrick Garland, que pasó a ser el fiscal general de Biden.
Antes de eso, Jackson fue nominada por el entonces presidente Barack Obama para ser jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Fue confirmada por los senadores en una votación oral. Ocupó ese puesto desde marzo de 2013 hasta junio de 2021.
Mientras era jueza del tribunal de distrito, Jackson consideró que partes de tres órdenes ejecutivas del entonces presidente Donald Trump entraban en conflicto con los derechos de los empleados federales a la negociación colectiva. Su decisión fue revocada unánimemente por el Circuito del Distrito de Columbia.
En 2019, Jackson rechazó los argumentos de la Casa Blanca de Trump de que el privilegio ejecutivo protegía al asesor de la Casa Blanca, Don McGahn, de una citación del Congreso en relación con la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Jackson escribió en un veredicto de la corte que «los presidentes no son reyes» y que para los asesores de alto nivel de un presidente «simplemente no existe la inmunidad absoluta del proceso obligado del Congreso». La afirmación de Trump de que podía impedir que sus principales asesores testificaran «es una proposición que no puede cuadrar con los valores constitucionales fundamentales, y solo por esta razón, no puede sostenerse». Más tarde, los investigadores del Congreso y los abogados de McGahn llegaron a un acuerdo y éste aceptó ser interrogado en una sesión a puerta cerrada, según el análisis de un medio de comunicación.
En el mismo tribunal, ese mismo año, Jackson impidió temporalmente que la Administración Trump siguiera adelante con sus planes de ampliar un programa que aceleraba la deportación de extranjeros ilegales. Anteriormente, el programa se había utilizado principalmente para acelerar las expulsiones de aquellos que fueron detenidos poco después de entrar ilegalmente en el país desde México. A Jackson le molestó que el gobierno pareciera no tener en cuenta cómo el programa ampliado afectaría a los ilegales y a sus familias que llevaban hasta dos años residiendo en el país.
«No hay duda en la mente de este Tribunal de que una agencia no puede llevar a cabo una toma de decisiones razonada y no arbitraria con respecto a políticas que podrían afectar a personas reales y no tener en cuenta tales circunstancias de la vida real», escribió Jackson. El tribunal de apelaciones de Washington, al que posteriormente sería elevada, anuló su decisión, al considerar que el secretario de Seguridad Nacional tenía vía libre para ampliar el programa.
También en 2019, Jackson se puso del lado de la Administración Trump, rechazando los argumentos de los ecologistas de que la administración, en su afán por ampliar el muro fronterizo con México, no había seguido las leyes ambientales antes de avanzar en la construcción.
Poco después de llegar a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, Jackson falló a favor de los sindicatos de empleados del gobierno que estaban luchando contra una regulación de la era Trump que dio a las agencias gubernamentales mayor libertad para hacer cambios en el lugar de trabajo.
Aún no se sabe cuándo el Senado abordará la nominación de Jackson.
Breyer, que fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton en 1994, ha dicho que se retirará al final del actual periodo de sesiones del tribunal, que se espera que termine en mayo o junio.
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