El secretario de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab criticó el domingo la decisión de un fiscal británico de alto rango de tomar un caso contra un grupo de activistas prodemocracia de Hong Kong detenidos bajo la ley de seguridad nacional de Beijing.
El abogado de la reina (QC) David Perry supuestamente aceptó actuar para las autoridades gobernantes de Hong Kong en dos casos contra nueve activistas por la libertad acusados bajo la controvertida ley, que penaliza crímenes vagamente definidos como la subversión y la secesión con una pena máxima de cadena perpetua.
La legislación fue impuesta a Hong Kong por Beijing en junio del año pasado y se considera ampliamente represiva y draconiana.
«Grave golpe de relaciones públicas para Beijing»
El fichaje de Perry, un eminente abogado inglés, constituye un «serio golpe de relaciones públicas» para Beijing, dijo el también exabogado Raab a Sophy Ridge de Sky News.
Raab dijo que no podía entender por qué Perry aceptaría un caso como este bajo una legislación que «viola directamente y socava la libertad del pueblo de Hong Kong».
«No entiendo cómo alguien con buena conciencia, de la profesión legal líder en el mundo que tenemos, tomaría un caso en el que tendrá que aplicar la legislación de seguridad nacional a instancias de las autoridades de Beijing», dijo.
La también letrada Helena Kennedy (abogada de la reina, QC), directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, dijo que la decisión de Perry fue desacertada.
«Procesar significa que usted está representando y actuando en nombre del estado», dijo a Jane Werrell de NTD, medio afiliado a Epoch Times, la semana pasada.
«Creo que fue un error de juicio aceptar un escrito de acusación en este caso», dijo Kennedy, quien también es presidenta de JUSTICE, el brazo británico de la Comisión Internacional de Juristas, y copresidenta de IPAC, la Alianza Interparlamentaria sobre China.
«Barniz de respetabilidad»
Kennedy dijo que Hong Kong puede haber buscado a un «eminente abogado inglés» para dar «un barniz de respetabilidad» a las acusaciones.
«Creo que él [Perry] se ha visto arrastrado a algo que está tapando los agujeros de un sistema donde el Estado de derecho está siendo profundamente socavado», dijo.
«Está (…) proporcionando una especie de cosmética a algo que es realmente una fuente de gran alarma para aquellos de nosotros que creemos en el Estado de derecho y que creemos en la democracia».
Sugirió que a Perry no le habían obligado a tomar el caso, y que los abogados debían «llevar nuestros valores y nuestros principios a los casos que tomamos».
David Perry no respondió a una solicitud de comentarios.
La ley de seguridad nacional
Hong Kong, una antigua colonia británica, fue devuelta a China el 1 de julio de 1997. Como condición para la entrega, el Partido Comunista Chino (PCCh) prometió no interferir con las libertades básicas de los hongkoneses, que no se conceden a los chinos que viven en el continente bajo el sistema comunista, durante al menos 50 años en virtud del acuerdo «un país, dos sistemas».
Sin embargo, en 2003, con ocasión del aniversario de la cesión, una multitud de 500,000 hongkoneses protestó contra los planes de Beijing de introducir una cláusula «antisubversiva» en la Ley Básica de Hong Kong —la mini-constitución de la ciudad— que muchos hongkoneses consideraban que llevaría a la supresión de sus libertades civiles.
No obstante, el parlamento títere del partido comunista impuso la ley de seguridad nacional la noche del 30 de junio de 2020, allanando el camino para que las autoridades de Hong Kong castigaran delitos vagamente definidos que Beijing considera como sucesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras, con una pena máxima de cadena perpetua.
Frank Fang contribuyó a la elaboración de este artículo.
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