Un ranchero de Texas presentó una demanda contra el presidente Joe Biden y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusándolos de adoptar políticas que han provocado «la mayor afluencia de extranjeros ilegales a Estados Unidos de nuestra historia».
La demanda fue presentada ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas el 31 de julio por el Immigration Reform Law Institute en nombre del ranchero, identificado en la presentación como Michael Vickers, junto con el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, y el condado de Atascosa, Texas.
También enumera como demandados al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, al Comisionado Interino de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Troy Miller, al director Interino de Inmigración y Aduanas de EE.UU., Patrick J. Lechleitner, y al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., Ur M. Jaddou.
«Con plena conciencia de las probables consecuencias, los demandados han adoptado políticas ilegales que, trabajando de forma concertada, han frustrado los propósitos del Congreso en las leyes de inmigración», afirma la demanda.
Según la presentación legal, Vickers —que también es veterinario— vive con su esposa en un rancho de 1000 acres en el condado de Brooks, Texas.
El rancho se encuentra aproximadamente a 70 millas al norte de la frontera internacional con México, según la demanda.
«Debido a las políticas de los demandados, decenas de miles de extranjeros ilegales han sido liberados en el interior del país y posteriormente viajan campo a través por los pastizales del rancho del demandante», afirma la demanda.
El rancho sufrió «miles de dólares en daños»
Al hacerlo, los inmigrantes ilegales «causan habitualmente miles de dólares en daños a las vallas o puertas a su paso por el rancho» y dejan «toneladas de basura y desperdicios», afirma la demanda.
En algunos casos, Vickers ha encontrado bolsas de plástico y basura dentro de los estómagos de sus vacas, según la demanda.
En otras ocasiones, su ganado ha escapado a través de vallas cortadas y puertas derribadas por inmigrantes ilegales, alega.
Como resultado, desde principios de 2021, Vickers ha gastado «más de 50,000 dólares sólo en daños a la valla y la puerta» y se ha visto obligado a gastar miles de dólares para disminuir los daños ambientales, según la demanda.
La presentación legal también señala que Vickers y su esposa tienen que mantener perros en su rancho por seguridad.
Los perros han capturado a «cientos de intrusos», muchos de los cuales son miembros de diversas bandas, como las notoriamente violentas MS13, Tangoblast, Pistoleros y la mafia mexicana, entre otras, afirma la demanda.
Debido a la presencia de grupos criminales que facilitan la inmigración ilegal, Vickers debe llevar siempre una pistola para sentirse seguro, afirma la demanda.
La demanda sostiene que las acciones de los demandados suponen una violación de la cláusula de cuidado de la Constitución de EE.UU. que es «conceptualmente clara, históricamente única y recurrible por aquellos a los que perjudica especialmente», afirma la demanda.
La cláusula de cuidado exige al presidente «cuidar de que las Leyes sean fielmente ejecutadas».
Disminuyen los cruces ilegales de la frontera
«El Congreso ha aprobado numerosas leyes destinadas a lograr el control operativo de la frontera, definido como cero entradas ilegales. Pero las políticas de los demandados, emitidas bajo la autoridad de estas leyes, están calculadas para provocar, y han provocado, la actual avalancha masiva de entradas ilegales de ciudadanos extranjeros de todo el mundo», afirma la demanda.
La demanda pide a la corte que declare inconstitucionales las diversas políticas fronterizas del gobierno federal, incluidos los programas de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos; los procesos de libertad condicional para la reunificación familiar; y el memorando que pone fin a los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocido como el programa «Permanecer en México».
Los demandantes también solicitan costos y honorarios de abogados no especificados.
Desde que asumió el cargo, Biden ha tratado de ampliar las vías legales de entrada a Estados Unidos como parte de los esfuerzos para reducir drásticamente los cruces ilegales, al tiempo que trata de abordar la causa de lo que él dice que es un sistema de inmigración «roto».
En junio, su administración promulgó restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera sur, lo que provocó un descenso de los cruces ilegales.
En una declaración del 31 de julio, el Instituto Immigration Reform Law (IRLI) afirmó que las políticas del gobierno han provocado la «mayor afluencia de extranjeros ilegales a Estados Unidos de nuestra historia».
«Esto no es un mero fracaso de la política, o una simple violación de los estatutos, sino una desobediencia flagrante a la Constitución», dijo Dale L. Wilcox, director ejecutivo y consejero general de IRLI. «Esperamos que la corte observe la guerra de Biden contra las leyes que se supone que debe hacer cumplir como el delito constitucional que es, ponga fin a estas políticas y conceda una orden judicial».
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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