Una sala de la Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó este miércoles la orden de prisión preventiva para el prófugo Juan Silva, exministro de Transportes en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), denunciado por haber liderado presuntamente una mafia para el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de apelación contra el fallo que denegó, en primera instancia, la solicitud del cese de la prisión preventiva por 36 meses contra Silva, investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado.
La resolución judicial, publicada en la red social X, señaló que la defensa de Silva no ha objetado los requisitos que motivaron la medida, entre los cuales figuran la prognosis de pena (superior a los cinco años por la gravedad de los delitos) y el peligro de fuga, pues el procesado aún no ha sido capturado.
De acuerdo a los fundamentos del tribunal, el exministro formó la organización criminal junto al expresidente Castillo para nombrar servidores que favorezcan sus intereses con el fin de obtener beneficios económicos o de otra índole, y en este grupo participó el también investigado empresario Zamir Villaverde, quien se encargó supuestamente de captar empresarios que deseen participar en las adjudicaciones.
Según estos fundamentos, Villaverde y un grupo de empresarios pactaron un beneficio económico de 0.5 % del total adjudicado en el caso del Proyecto Puente Tarata.
Posteriormente, se habría llevado a cabo una reunión en el domicilio de Silva en la que se determinó el reparto de los beneficios económicos, entre los cuales se acordó 100,000 soles (26,800 dólares o 24,800 euros) para Villaverde, otro monto similar para el sobrino de Castillo, Fray Vásquez, y el resto en partes iguales para el destituido exmandatario y Silva, añadió el documento judicial.
A raíz de este caso y otros de presunta corrupción denunciados desde el inicio de su gobierno, el expresidente Castillo afrontó una moción de vacancia (destitución) ante el Congreso y debía asistir a exponer su defensa en diciembre de 2022, pero, en su lugar, intentó dar un golpe de Estado, que no recibió ningún respaldo.
Poco después fue destituido del cargo y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, lo que desató masivas protestas que se extendieron por casi tres meses.
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