Un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó la impugnación del expresidente Donald Trump a una orden de silencio el 14 de diciembre, un día después de que terminara el testimonio en el caso de fraude civil presentado por el fiscal general de Nueva York contra el expresidente y su Organización Trump.
Los abogados del presidente Trump habían abierto un procedimiento del artículo 78 acusando al juez de actuar ilegalmente y habían pedido una orden de prohibición, que el panel de la división de apelaciones denegó en gran medida basándose en un procedimiento inadecuado. El juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron había emitido la orden el 3 de octubre, el segundo día del juicio, que prohibía al presidente Trump, y posteriormente a sus abogados, hacer declaraciones sobre los empleados del juez.
«En la medida en que pueda haber habido cuestiones apelables con respecto a cualquiera de los procedimientos que el tribunal implementó al imponer las sanciones financieras, el método adecuado de revisión sería solicitar la anulación de las órdenes de desacato, y luego apelar la denegación de esas mociones», dice la orden.
En una orden separada emitida el mismo día, la división de apelaciones negó como discutible la solicitud de la defensa de trasladar esta apelación a la Corte de Apelaciones de Nueva York, el más alto tribunal del estado.
«Se ordena que se deniegue la moción de autorización para apelar; esa rama de la moción de resolución acelerada de la petición se deniega por ser discutible», escribió el secretario.
No está claro si la defensa seguirá apelando la orden de silencio a través de las vías señaladas por el tribunal de apelación, ya que el juicio está llegando a su fin; los alegatos finales están programados para el 11 de enero de 2024.
Orden de silencio
El presidente Trump ya ha pagado una multa de 15,000 dólares por violar la orden de silencio.
La orden de silencio emitida al comienzo del juicio se convirtió repentinamente en un tema de interés en las últimas semanas, ya que la defensa presentó una moción de juicio nulo y se espera que esté preparando su apelación posterior al juicio. Los abogados de la defensa argumentaron en el expediente que el juez Engoron y su secretario principal habían mostrado parcialidad contra la defensa, tratando a los abogados de forma diferente a como trataban a los abogados del Estado que llevaban el caso.
El caso se centra en las declaraciones de la situación financiera de la Organización Trump, que el juez ya declaró fraudulentas en un juicio sumario una semana antes del juicio. Es un juicio sin jurado, ya que el presidente Trump y los ejecutivos de la Organización Trump están siendo juzgados bajo un estatuto que no requiere un jurado, y el fiscal general está pidiendo sanciones que sólo un juez puede conceder.
A pesar de la sentencia previa al juicio, los abogados defensores han tratado de demostrar en la sala que no hubo fraude. También han presionado para excluir pruebas y testimonios que quedan fuera del plazo de prescripción establecido por la división de apelaciones, pero el juez siguió permitiéndolos con la advertencia de que los abogados del Estado deben conectarlos de algún modo con reclamaciones pertinentes dentro del plazo de prescripción.
Los abogados del Estado han recordado repetidamente a la defensa que no tiene sentido tratar de introducir pruebas o testimonios para demostrar que no hubo fraude, ya que el juez ya ha dictaminado que hubo fraude. Los abogados defensores han dicho a los medios de comunicación que no esperan un resultado favorable del juez Engoron.
Hacia el final del juicio, los abogados de la defensa argumentaron en los archivos judiciales que la orden de silencio les impide declarar en el registro de los casos de lo que ellos creen que es parcialidad, en base a las interacciones y los comportamientos de la secretaria judicial y el juez Engoron.
La división de apelaciones señaló que la forma correcta de apelar la orden habría sido presentar una moción y luego una apelación en relación con esas mociones si se denegaban. Los intentos de la defensa de buscar una revisión «prematura» de un tribunal superior «socavaría el régimen estatutario y constitucional que rige el proceso de apelación», dice la orden.
«Invocar este recurso extraordinario sólo es apropiado si existe una reclamación sustancial de ausencia de jurisdicción o de un acto que exceda la jurisdicción», dice la orden. El secretario añadió que la propia orden de mordaza había sido limitada, y que parecía que la «gravedad del daño potencial» de no conceder la reparación a través de los vehículos legales que la defensa decidió utilizar era «pequeña».
La orden de silencio y las multas subsiguientes «son revisables a través del proceso ordinario de apelación», explicó el secretario.
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