La Unión de Presos Políticos Nicaragüense (UPPN) rechazó este viernes la «pasividad» de la comunidad internacional frente a la crisis sociopolítica de Nicaragua, que en 15 meses ha dejado cientos de muertos en protestas contra Daniel Ortega.
La UPPN, conformada por manifestantes excarcelados, pronunció su rechazo porque «todos los días el pueblo de Nicaragua sufre por la represión, y la pasividad de la comunidad internacional le da oxígeno al dictador (Ortega) para continuar secuestrando y torturando».
A pesar de que el régimen excarceló a cientos de presos políticos entre febrero y mayo pasado, y de su compromiso de permitir la libertad de expresión, todos los días hay denuncias sobre capturas y casos de torturas a opositores en Nicaragua.
Los excarcelados también mostraron su incomodidad con el plazo de 75 días establecidos el 28 de junio pasado por la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conocer nuevamente sobre los avances de Nicaragua en la búsqueda de solución a la crisis.
«Nos pronunciamos e contra de los 75 días otorgados a la dictadura por la Asamblea General de la OEA y le instamos a todos los representantes de Estado a ser más beligerantes en la exigencia de democracia y justicia en nuestro país», agregó el movimiento.
La UPPN ejemplificó la urgencia de su petición por casos como de los presos políticos Marvin Vargas y Edward Lacayo, de quienes están en alto riesgo de perder la vida en prisión, debido al maltrato que reciben.
Los excarcelados dijeron temer que Vargas, quien sufre de cáncer, y Lacayo mueran en prisión, tal como ocurrió el 16 de mayo pasado con el preso político Eddy Montes Praslín, quien falleció al recibir un disparo que, según los testigos, fue realizado por un custodio.
De acuerdo con la UPPN, «más de 100 presos políticos (están) sufriendo torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».
«La situación de Nicaragua no solo es un conflicto político, es también una crisis de derechos humanos y civiles que es responsabilidad del mundo», sostuvo la UPPN.
Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que desde el estallido social contra Ortega el 18 de abril de 2018 al menos 326 personas han muerto en el marco de la crisis y señala al régimen de Nicaragua como responsable de crímenes «de lesa humanidad».
Organismos defensores de los derechos humanos locales han contado hasta 594 víctimas mortales.
La UPPN pidió a la OEA que aplique de inmediato a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, cuyo proceso está en marcha por rompimiento del orden constitucional y, de aplicarse, suspendería al país centroamericano del organismo.
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