Líderes de la industria del transporte por carretera han expresado su preocupación por la medida del gobierno federal para reclasificar la marihuana, que temen «podría tener consecuencias negativas significativas para la seguridad vial, poniendo en peligro a todos los que comparten la carretera».
La American Trucking Associations (ATA), una asociación nacional de comercio con más de 37,000 miembros, envió una carta al Secretario de Transporte Pete Buttigieg el jueves en busca de aclaraciones sobre si la agencia mantendría su autoridad para realizar pruebas de consumo de marihuana a los conductores comerciales si la marihuana se reclasifica de una Lista I a una droga de la Lista III bajo la Ley de Sustancias Controladas.
«ATA cree que es de vital importancia que sus agencias garanticen una autorización continua para las pruebas de marihuana de los trabajadores sensibles a la seguridad para evitar el deterioro de la seguridad vial», escribió Dan Horvath, vicepresidente senior de ATA de asuntos regulatorios y política de seguridad, en un comunicado.
«Si se permite que esta reglamentación siga adelante sin una revisión, supervisión y deliberación reglamentarias adecuadas, a ATA le preocupa que reduzca gravemente la capacidad de los transportistas y otros empleadores de puestos sensibles a la seguridad para mantener un entorno de trabajo seguro, amenazando la seguridad de todos los usuarios de la carretera».
Las drogas de la Lista I se definen como drogas con un alto potencial de abuso y dependencia, sin uso médico aprobado. Las drogas de la lista III se consideran de bajo riesgo de abuso y dependencia, según la Drug Enforcement Administration.
En su carta del 20 de junio al Sr. Buttigieg, el Sr. Horvath dijo que la prueba de la marihuana es «crítica» para los que trabajan en industrias «sensibles a la seguridad», incluyendo el transporte comercial por carretera, líneas aéreas, autobuses y ferrocarril.
«Esto es imperativo dada la ausencia actual de una norma probada de deterioro», escribió el Sr. Horvath.
La carta cita el estudio de 2022 de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que encontró que la marihuana y el alcohol siguen siendo las drogas más comúnmente detectados en los accidentes de conducción con discapacidad con resultado de lesiones graves o la muerte.
«Del mismo modo, los investigadores del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo encontraron que, entre 2000 y 2018, las muertes por accidentes que involucran marihuana se duplicaron con creces, del 9 por ciento al 21.5 por ciento», dijo el Sr. Horvath.
Otros estudios han encontrado que la legalización de la marihuana a nivel estatal «se asoció con un aumento del 6.5 por ciento en las tasas de accidentes con lesiones y un aumento del 2.3 por ciento en las tasas de accidentes fatales», continuó la carta, y agregó que los departamentos de emergencia en Canadá vieron un aumento del 94 por ciento en la tasa de lesiones de tráfico involucradas con marihuana después de que la droga se legalizó en 2018.
ATA dijo que no tiene una postura formal sobre la legalización de la marihuana, pero le preocupan las «amplias consecuencias para la salud pública y la seguridad de la reclasificación en el sistema nacional de carreteras y sus usuarios».
La carta de esta semana siguió a una carta similar del 15 de mayo que señalaba la incertidumbre con respecto a las pruebas de drogas de los empleadores si la marihuana se reclasifica en la Lista III.
«ATA está alarmado por la posibilidad de que a ciertas industrias podrían prohibírseles la detección de consumo de drogas por los trabajadores que realizan funciones sensibles a la seguridad», escribió el Sr. Horvath.
El Departamento de Transportes es responsable de garantizar la seguridad de la red nacional de transportes.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el departamento para obtener más información y comentarios.
Los fiscales solicitan una audiencia
Una coalición de fiscales generales ha solicitado una audiencia pública sobre el cambio propuesto en la clasificación de la marihuana.
La coalición de 18 estados, encabezada por el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, expresó en una carta a la administradora de la DEA, Anne Milgram, su preocupación por las «posibles repercusiones» de la reclasificación, incluidas las que puedan ocurrir a la seguridad pública.
«La norma propuesta tiene ramificaciones nacionales e internacionales», escribieron los fiscales generales el 20 de junio. «La Norma Propuesta también representa la relajación más significativa de las restricciones a los narcóticos en la historia de la CSA».
El grupo afirma que es necesaria una audiencia para permitir que expertos externos presenten sus puntos de vista sobre las «alegaciones contrapuestas» sobre el uso médico de la droga, su potencial de abuso y sus «repercusiones en la seguridad pública».
La coalición también incluye a los fiscales generales Steve Marshall, de Alabama, Tim Griffin, de Arkansas, Liz Murrill, de Luisiana, Ken Paxton, de Texas, y otras 13 personas.
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