El Ministerio Público de Panamá (MP, Fiscalía) dijo este sábado que personal del ente investigador culminó con el proceso de levantamiento y recuperación de 10 cuerpos de supuestos migrantes que fallecieron ahogados por una crecida de un río en una zona del Caribe panameño cerca a la frontera con Colombia.
«La Personería (que ejerce las funciones del MP) de la Comarca Guna Yala concluyó las diligencias de levantamiento de 10 presuntos migrantes fallecidos por inmersión en Carreto», señaló en X la Fiscalía.
En el mismo mensaje el Ministerio Público detalla que «por ahora es el número de víctimas recuperadas luego de 3 días de diligencias junto a @senafrontpanama y @SENANPanama» (el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval).
El jueves de esta semana, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, había informado en su rueda de prensa semanal que «el número es 16» de migrantes fallecidos, aunque más tarde fuentes de Presidencia aclararon a EFE que la cifra de muertos se mantiene en «10», como se había adelantado el miércoles.
Las fuerzas de seguridad panameñas habían adelantado un día antes que 10 migrantes «fallecieron ahogados» hace días en una zona del Caribe de Panamá, a donde habían llegado procedentes de Colombia, en una ruta más corta a través de la selva del Darién en su camino migratorio hacia Norteamérica.
La información se basa en los testimonios de habitantes de la comunidad de Carreto, que dijeron que estos migrantes habían sido enterrados cerca del pueblo, mientras que versiones de prensa local señalan que el incidente ocurrió el lunes 15 de julio pasado.
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) consideró que se podrían haber «sepultado estos cuerpos para encubrir sus nexos criminales con el tráfico de migrantes».
Mulino por su parte anunció que la Fiscalía realiza las investigaciones», pues haber enterrados esos cuerpos «sin dar parte a las autoridades es un delito y tiene que investigarse», y procedió a alertar de que «ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada», creada por Panamá para «canalizar» el flujo migratorio.
El hecho ocurrió por la «ruta de Carreto», en el Caribe panameño, que es más costosa, teniendo que pagar hasta 550 dólares para tomar un bote desde Capurganá, en Colombia, hasta esa comunidad, para luego caminar durante dos o cuatro días por la selva para llegar hasta la comunidad indígena de Canaán Membrillo, de acuerdo con una información de 2023 de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que estuvo prestando servicios en el Darién hasta que este año no fue renovado su permiso para operar.
Desde que el pasado 1 de julio comenzó la nueva Administración del presidente Mulino, se han tomado varias medidas para tratar de reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién, que ya la han atravesado en lo que va de año más de 216,000 migrantes, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520,000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.
Entre esas medidas, desde el pasado 3 de julio Panamá ha cercado progresivamente con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4.7 kilómetros en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para «canalizar» el flujo de los migrantes a través de un «corredor humanitario».
El Darién es una selva que hace de frontera natural entre Panamá y Colombia, con 266 kilómetros de longitud. Atravesada por los migrantes en su camino hacia Norteamérica, allí se enfrentan a menudo a peligros como la crecida repentina de ríos o los ataques de animales salvajes o de grupos armados, que cobran a los migrantes por el paso o les roban, siendo en ocasiones además víctimas de abusos sexuales.
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