La División de Apelaciones del Primer Departamento Judicial de la Corte Suprema del Estado de Nueva York concedió una suspensión de la ejecución de la sentencia de USD 464 millones contra el expresidente Donald Trump con condiciones, lo que permite a la Organización Trump evitar que sus activos sean inminentemente embargados por el fiscal general de Nueva York.
La orden llegó después de que los abogados defensores argumentaran que era imposible obtener una fianza de USD 464 millones tras haber contratado a cuatro agentes para negociar con más de 30 empresas. Las compañías de fianzas no emiten fianzas tan grandes para particulares, e incluso si la Organización Trump fuera un conglomerado público al que pudieran emitir una fianza así, requeriría unos USD 570 millones en efectivo para cubrir primas adicionales.
Las condiciones de la corte para reducir la fianza incluyen que el presidente Trump pague USD 175 millones en un plazo de 10 días y que las demás órdenes sobre la sentencia entren en vigor.
La sentencia prohíbe permanentemente al ex director financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg y al interventor Jeffrey McConney ejercer el control financiero de cualquier entidad comercial de Nueva York; prohíbe permanentemente al presidente Trump, al Sr. Wesselberg y al Sr. McConney ejercer como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York durante tres años; prohíbe al presidente Trump solicitar préstamos para instituciones financieras de Nueva York durante tres años; y prohíbe a Donald Trump Jr. y Eric Trump desempeñarse como funcionarios o directores en Nueva York durante dos años.
No se solicitó ninguna suspensión para la continuidad de un supervisor independiente que monitorea los asuntos financieros en la Organización Trump o la designación de un responsable de cumplimiento, y eso continuará.
La suspensión está condicionada a que los recursos se hayan presentado antes de septiembre de 2024.
El presidente Trump asistía en ese momento a una audiencia sobre la fecha del juicio en un caso independiente, y durante el descanso dijo a los periodistas que pagaría los USD 175 millones «rápidamente».
También emitió una declaración poco después del fallo de la apelación, criticando al juez Engoron y diciendo que la nueva orden demostraba cuán «ridícula» era su orden original.
«Ésta es una confrontación entre un juez y aquellos que fallan por encima de él—¡Una situación muy mala para colocar al Estado de Nueva York y al Estado de derecho!», afirmó. «Esta es la quinta vez en este caso que ha sido revocado, un récord. Su credibilidad, y la de Letitia James, ha sido destrozada».
Él sostuvo que no hizo nada malo y que «Nueva York nunca debería volver a estar en una posición como ésta».
Fianza «imposible»
La sentencia se dictó el 23 de febrero, iniciando un plazo de 30 días antes de la ejecución de la sentencia, que finalizó el lunes. Días antes de la fecha límite, el presidente Trump arremetió contra el juez y el fiscal general en las redes sociales, diciendo que tenía casi USD 500 millones en efectivo, pero que tenía la intención de usarlo para su campaña y que era una «interferencia electoral» que sus oponentes políticos quisieran que lo usara todo en la corte en su lugar.
Le dijo a Fox News que, si fuera necesario, llevaría el caso hasta la Corte Suprema.
El presidente Trump dijo que el caso estaba «amañado» y que la cifra de indemnización que fijó el juez era lo fraudulento, en un posteo en las redes sociales el lunes por la mañana.
«Estos comunistas y locos de izquierda radical me piden que pague una multa ridícula y completamente inaudita de más de 450,000,000 de dólares solo porque vieron una cantidad similar en mi cuenta bancaria. Tenía la intención de utilizar gran parte del dinero que tanto me costó ganar para postularme para presidente», escribió en otro posteo. «No quieren que haga eso—¡INTERFERENCIA ELECTORAL!».
La defensa ha sostenido que no se cometió ningún delito y subrayó que no se ha nombrado a ninguna víctima a la que se le deba la cifra de USD 464 millones.
«El mundo entero está observando cómo se desarrolla esto», posteó Eric Trump en redes sociales un día antes del plazo. «La idea de embargar propiedades del expresidente de Estados Unidos (y principal candidato a la presidencia en 2024) —propiedades que pertenecen a una empresa que NUNCA ha dejado de pagar, nunca ha estado en mora, nunca ha incumplido un pacto, ha construido los rascacielos estadounidenses, ha hecho ganar reiteradamente a los bancos cientos de millones de dólares mientras empleaba a MILES de neoyorquinos que trabajan duro— está destrozando la confianza no solo de Nueva York (que es frágil en el mejor de los casos), sino de todo el sistema legal de Estados Unidos».
¿Fraude?
En el centro del caso están las declaraciones de la situación financiera de la Organización Trump de 2011 a 2021, aunque una corte de apelaciones había puesto un plazo de prescripción en el caso, eliminando las reclamaciones antes de 2014 y las transacciones completadas antes de 2016.
Las declaraciones no son documentos financieros oficiales, sino más bien piezas de marketing en las que la Organización Trump resumió los valores de los principales activos, totalizando una cifra de patrimonio neto del presidente Trump que la corte consideró rutinariamente inflada.
Las declaraciones se utilizaron para presentar a la empresa en varios acuerdos, incluida la obtención de importantes préstamos para proyectos de desarrollo. La defensa ha argumentado que estos acuerdos se hicieron con entidades financieras sofisticadas que leyeron el descargo de responsabilidad en las declaraciones pidiendo a las partes que hicieran sus propios análisis, y así lo hicieron.
Por ejemplo, el Deutsche Bank, un prestamista durante muchos años de la Organización Trump, tuvo un gran protagonismo en el juicio y en las declaraciones del caso. El banco testificó que hicieron su propio análisis, incluida la verificación de las reservas de efectivo del presidente Trump en sus extractos bancarios, y testificó que incluso si las cifras en los extractos se hubieran reducido significativamente, no habría cambiado la tasa que finalmente ofrecieron a la Organización Trump.
Otras partes, incluso el grupo asegurador Zurich, ambién declararon que habían realizado sus propios análisis, y un tasador contratado por otro prestamista declaró que había sido contratado para examinar el número 40 de Wall Street sin contar con la opinión de la Organización Trump. No estuvo de acuerdo con la valoración de la propia organización, dando a su empleador una cifra diferente.
En una sentencia sumaria del 26 de septiembre de 2023, el juez Engoron encontró a los acusados responsables de fraude, y el juicio que empezaría el 2 de octubre de 2023 trataría sobre la materialidad y la intención de defraudar.
Durante el juicio, los acusados intentaron argumentar que no hubo fraude, a pesar de los recordatorios del juez de no reabrir el litigio a cuestiones que ya había decidido. Cerca de la última mitad del juicio, la defensa optó por seguir haciéndolo, con el fin de preservar un registro para la apelación.
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