El acuerdo por un nuevo proceso constituyente ingresó este miércoles al Senado chileno en forma de proyecto de reforma constitucional que tendrán que validar las dos cámaras del Congreso por 4/7.
Los aspectos que no quedaron definidos en el acuerdo se resolvieron los últimos días en encuentros entre los representantes de los partidos y movimientos firmantes y el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde.
Entre los nudos que se destrabaron hay los requisitos que deberán cumplir los 24 expertos que conformarán el comité que «acompañará» al órgano redactor que pasan por contar con al menos diez años de experiencia y tener título universitario o técnico.
También se estableció que los participantes en el proceso de redacción (50 integrantes del Consejo Constitucional electo, 24 expertos y los 14 juristas que formarán parte de la Comisión Técnica de Admisibilidad que actuarán como una suerte de árbitro) sean remunerados.
Los consejeros recibirán 60 unidades tributarias mensuales (UTM) -unidad de cuenta usada en el país para pagos de tributos y multas actualizada según la inflación- (casi 4200 dólares), los expertos cobrarán 30 UTM (casi 2100 dólares), mientras que a los abogados se les pagarán 10 UTM (casi 2750 dólares) por sesión, con un máximo de tres sesiones al mes.
También se resolvió que se reservarán una cantidad de escaños para pueblos originarios proporcional a la votación total obtenida a nivel nacional y que el margen mínimo para ser electos será de 1.5 % de los votos.
Sobre las fechas pendientes del calendario, se acordó que las elecciones de consejeros constitucionales serán el 14 de mayo de 2023.
El acuerdo por un nuevo proceso constituyente se cerró el 13 de diciembre y fue suscrito por 14 fuerzas políticas desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista.
Establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. Paralelamente, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo.
El pacto incluye además 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional.
El 62.5 % de los chilenos rechazó el pasado 4 de septiembre la propuesta constitucional redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos políticos.
Unos días después, las fuerzas políticas iniciaron las negociaciones para iniciar un nuevo proceso porque, pese al rechazo en el plebiscito, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura.
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