El Partido Comunista Chino advirtió a las autoridades locales en su último aviso para el control de COVID-19 que cualquier persona contagiada con el virus que cruce las fronteras internas del país se enfrentará a la pena de muerte.
El 2 de junio, nueve organismos gubernamentales de la ciudad de Fangchenggang, en la provincia suroccidental china de Guangxi, emitieron un anuncio oficial conjunto sobre el control de la epidemia en sus cuentas de las redes sociales chinas. Entre ellos se encuentran la Comisión Municipal de Inspección Disciplinaria, la Oficina de Seguridad Pública y la Subdivisión de Aduanas contra el Contrabando de Dongxing.
El artículo 6 del anuncio establece que cualquier persona contagiada con COVID-19 o aquellos que ayuden a personas infectadas a cruzar la frontera del territorio, sin permiso, serán acusados de poner en peligro la seguridad pública, lo que se castiga con la muerte, multas y la confiscación de bienes.
La política fue recibida con indignación en las redes sociales y el anuncio fue borrado el 3 de junio de las cuentas oficiales de las autoridades locales. Los usuarios de Internet cuestionaron la idoneidad de la pena de muerte y si los gobiernos locales tienen derecho a condenar y sentenciar a alguien a muerte.
«¿Hay alguna base legal para ello?», dice un posteo.
«En primer lugar, tienen que entender la ley. El poder de determinar la pena de muerte está en la Corte Suprema, no en el gobierno de una pequeña ciudad local». Un tercero dijo: «De hecho, la epidemia no da miedo en absoluto, pero el corazón de la gente da mucho más miedo».
No es la primera vez que las sanciones del Partido Comunista Chino (PCCh) contra los ciudadanos que infringen el reglamento COVID-19 provocan amplias críticas. En diciembre pasado, en Baise, ciudad de la provincia de Guangxi en la fontera con Vietnam, las autoridades hicieron desfilar a cuatro residentes porque supuestamente habían violado las restricciones locales de COVID-19 para humillarlos en público, colgándoles al cuello pancartas con sus fotos y nombres, tal y como hacía el PCCh durante la Revolución Cultural.
Cada residente fue sujetado por la fuerza por dos agentes de policía y guiado por las calles abarrotadas de público y rodeadas de policías antidisturbios armados. Los vídeos y las fotos del desfile de la vergüenza se publicaron en Internet y atrajeron gran atención y críticas.
Desde el brote de COVID-19, el PCCh ha adoptado diversas medidas extremas de prevención y control del virus, como el cierre masivo de una ciudad, la suspensión de los servicios médicos, la colocación de sellos en las puertas de las residencias de los pacientes de COVID-19 y el cierre con soldadura de las puertas de los edificios residenciales donde se encuentran los casos identificados con COVID-19, entre otras reglas. Estas medidas han provocado muchas tragedias y mucho sufrimiento humano y están desencadenado una creciente ira de la población.
En mayo, en la capital del país, Beijing, las autoridades exigieron a los ciudadanos que muestren un certificado negativo de la prueba de ácido nucleico de las últimas 48 horas para poder utilizar los baños públicos. Valientes usuarios de Internet dijeron que las medidas de control de epidemias del país habían alcanzado un nivel absurdo.
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