El régimen castro comunista liderado por Díaz-Canel aprobó este martes el Decreto Ley 35 de telecomunicaciones que persigue la «subversión social» como un incidente de «muy alta peligrosidad» generado críticas de internautas y organizaciones. Algunos hablan de «ley mordaza».
El nuevo Decreto Ley 35 (DL-35) publicado por el Ministerio de Justicia del régimen comunista el día martes en la Gaceta Oficial de Cuba, indica que los usuarios de telecomunicaciones o tecnologías de la información (TIC) no deberán «usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público».
El DL-35 señala que se necesita autorización del «operador, proveedor o del Ministerio de Comunicaciones» para proveer de «servicios de telecomunicaciones/TIC con carácter comercial» a la isla.
«Lo que más me preocupa es el uso de la soberanía, la defensa nacional o la seguridad por parte del Ministerio del Interior para restringir la libertad de expresión», indicó a Efe la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de la ONG jurídica Cubalex.
Diversent considera que la nueva norma es una «ley mordaza» con la que el régimen podría imponer multas a quienes expresen críticas a cualquier gestión del ejecutivo, al partido único Partido Comunista (PCC) o al líder del régimen, Miguel Díaz-Canel.
El DL-35 tipifica el «ciberterrorismo» como un «incidente de agresión» de un «nivel de peligrosidad muy alto» para aquellas «acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado».
Además indica que serán deberes de los usuarios impedir que las telecomunicaciones o TIC se utilicen para «atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas».
Por otro lado, el Artículo 80 del DL-35 menciona que será sancionada con multa de mil a dos mil pesos cubanos aquella persona que «instale, mantenga instalada, construya, importe o emplee equipos transmisores, receptores o sistemas de antenas para la utilización de un servicio de radiocomunicación espacial en el territorio nacional».
Esto ocurre debido a una creciente presión hacia el régimen tanto dentro de la isla como en el extranjero luego de que el régimen intensificara las represiones contra los cubanos tras las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio pidiendo el fin de la dictadura comunista y libertad en la isla.
Las redes sociales fueron un elemento clave a la hora de difundirse las protestas a diversas localidades del país que salieron paulatinamente a las calles a manifestarse contra el régimen de Díaz-Canel a inicios de julio pasado, por lo que el régimen cubano tomó la medida extrema de bloquear internet durante aproximadamente una semana.
Y ahora, con el DL-35, el régimen comunista de Cuba busca acallar las voces disidentes dentro de la isla a través de las redes sociales y procesar a quienes critiquen al sistema cubano y sus líderes.
Algunos internautas han denunciado el Decreto Ley 35 en redes sociales, algunos se suman mencionando el hashtag #NoAIDecretoLey35 y otros con #YoDenuncioDecreto35.
Esto ocurre seis días después que los departamentos del Tesoro y de Comercio de EE. UU. aprobaran regulaciones para la concesión de licencias para los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados con Cuba.
“El Departamento del Tesoro seguirá apoyando los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y se opondrá a la censura, incluidas las restricciones al acceso a Internet”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Andrea Gacki.
Con información de EFE.
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