El régimen cubano podría sancionar a personas con 4 a 10 años de prisión por recibir financiamiento de organizaciones civiles o institucionales «contra el Estado», en caso que se apruebe un anteproyecto de ley del Código Penal publicado recientemente.
La nueva normativa se encuentra introducida en el anteproyecto del Código Penal publicado el 20 de enero por el Tribunal Supremo Popular de Cuba, en su sitio web. El anteproyecto será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular—presidida por el diputado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández—en abril, según informó el medio independiente enfocado en temas de Cuba, El Toque.
La disposición se encuentra en el Capítulo V del anteproyecto titulada «Otros actos contra la seguridad del Estado», donde en el artículo 143 señala que «Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años».
Además el artículo 142 indica que quien tenga conocimiento «de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la seguridad del Estado, no lo denuncie», será sancionado con uno a tres años de cárcel por parte del régimen, liderado actualmente por Miguel Díaz-Canel.
El abogado cubano y director legal del Colectivo+Voces, Eloy Viera Cañive, en un artículo en El Toque, escribió que una vez aprobado el nuevo Código Penal de Cuba, es probable que el régimen sume «otra herramienta legal represiva para encauzar a quienes reciban o financien lo que la oficialidad considere actividades contra el Estado y su orden constitucional», bajo un argumento habitualmente usado de «financiamiento extranjero», «para descalificar a personas e iniciativas no alineadas a su disciplina partidista».
Y señaló, sin embargo, que tales descalificaciones hacen caso omiso de un elemento esencial para el activismo, el dinero, indicando que «No se puede sostener en el tiempo una labor política o de activismo social sin financiamiento. La filantropía y el financiamiento a organizaciones e individuos que pretenden desarrollar labores lícitas no es considerado delito en la mayor parte del mundo».
«Al contrario, la aplicación a fondos públicos o privados, nacionales o extranjeros es una forma muy común de sostener actividades tan diversas como la promoción de los derechos humanos o la investigación científica», dijo Viera.
Esto ocurre mientras que continúan los juicios por parte del régimen cubano contra cientos de cubanos, incluidos niños tras las protestas pacíficas e históricas del 11 de julio del año pasado.
El martes 25 de enero, la Fiscalía General de Cuba anunció que los procesos por las protestas a las que califica como «antigubernamentales» del 11 de julio pasado suman a 790 acusados por «actos vandálicos» y «graves alteraciones del orden», incluidos 55 menores de edad.
Mientras que este jueves, el Centro para una Cuba Libre (CCL) dijo que es «inaceptable» el silencio internacional ante los juicios a menores en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a interceder con firmeza a favor de los niños y adolescentes cubanos que son «blanco de la represión y el hostigamiento del régimen castrista».
Con información de EFE.
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