El Tribunal Provincial Popular (TSP) del régimen cubano sentenció entre 4 años y 30 años a 128 personas de prisión, por asistir a las protestas pacíficas del 11 de julio contra el régimen.
El Tribunal el régimen publicó su sentencia de los juicios realizados entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, debido a las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio del 2021 llevadas a cabo en los municipios de Diez de Octubre y Arroyo Naranjo, en un comunicado.
El régimen a través de su tribunal juzgó en total a 129 personas, quienes fueron «acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana» según el comunicado del fallo del TSP publicado este 16 de marzo.
De las 129 personas juzgadas, una fue absuelta y otra recibió una condena de 4 años de «privación de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional sin internamiento», según el comunicado.
El régimen a través de su órgano judicial, sin mencionar las edades de los juzgados, determinó que 128 de los acusados que fueron juzgados eran responsables de delitos de Sedición y Hurto, sin detallar a quienes correspondía cada presunto delito.
Las penas máximas se desglosan en: dos condenas de la máxima que es de 30 años, una de 26 años, tres de 25 años, ocho de 23 años, tres de 22 años, tres de 21 años, once de 20 años, cuatro de 19 años, once de 18 años, seis de 16 años y nueve de 15 años de cárcel.
Respecto a las manifestaciones del 11 de julio en el municipio Diez de Octubre, el tribunal del régimen en su sentencia determinó «probado y demostrado» que los juzgados «intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta» tras obedecer las «instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior».
Señalando que los acusados «lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros», agregando que «provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales».
En el caso del municipio de Arroyo Naranjo, según el tribunal, salieron a las calles del lugar y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les sumaran, señalando que «lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar, a quienes causaron lesiones».
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización civil con sede en Madrid integrada por exprisioneros políticos, informó que se había incrementado la seguridad estatal en las calles de la capital cubana entorno a las sentencias.
«En el día de ayer se incrementó la seguridad militar en las calles de La Habana debido a las sentencias a manifestantes» del 11 de julio del 2021 en Cuba, dijo la organización en Twitter.
Y denunció además que entre los condenados se encuentran dos menores de edad—Brayan Piloto Pupo, Giuseppe Belaunzarán Guada—ambos de 16 años, condenados a 10 años de cárcel cada uno. Además de seis cubanos de 18 años de edad con sentencias de 12 a 19 años de cárcel.
Por su parte, la embajada de EE. UU. en Cuba respondió a las condenas impuestas por el régimen comunista.
«El régimen de Cuba ha mandado un mensaje hoy diciendo que protegen los derechos humanos mientras que también condenan a decenas de manifestantes del 11J a penas de entre 30 y 4 años por expresar su libertad de expresión», escribió el 16 de marzo la embajada de EE. UU. en Cuba.
Con información de EFE.
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