El Ministerio Público de Nicaragua del régimen de Daniel Ortega acusó este jueves a ocho líderes opositores de los cuales tres son aspirantes para ser parte de las elecciones generales de noviembre, donde Ortega busca la tercera reelección.
Estas acusaciones forman parte de las acciones que lleva a cabo el régimen de Ortega en el proceso contra la Fundación «Violeta Barrios de Chamorro» y FUNIDES, citando el delito de lavado de dinero, bienes y archivos y otros, además por presuntamente recibir recursos de fuentes extranjeras para fines ilícitos. Y contra de todas las personas que «han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense», indicó el comunicado del Ministerio Público de Nicaragua.
Dentro de los acusados de conspiración por parte del régimen se encuentran los precandidatos presidenciales, Arturo José Cruz Sequeira, Juan Sebastián Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, quienes tras su aprehensión hace más de dos meses continúan detenidos. Los otros acusados son Manuel Salvador Orozco Ramírez, José Bernard Pallais Arana, José Adán Aguerrí Chamorro, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daysi Tamara Dávila Rivas.
«Por ser presuntos autores de los delito[s] de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, dice el comunicado, argumentando la acusación, el 26 de agosto.
Hasta el agosto, el régimen de Ortega ha detenido a al menos 32 líderes y dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, desde el 28 de mayo pasado, en el marco del proceso electoral, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.
Por otro lado, el 24 de agosto, la Fiscalía de Nicaragua informó sobre la acusación por parte del régimen contra el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Además del periodista, la Fiscalía también acusó a su hermana menor, la aspirante presidencial opositora Cristiana María Chamorro Barrios y al hermano mayor del periodista, el exdiputado y exministro Pedro Joaquín Chamorro Barrios, del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, quien se encuentra detenido, por los delitos de gestión abusiva y apropiación y retención indebida, por parte del régimen de Ortega.
El miércoles 25 de agosto, las organizaciones sociales Urnas Abiertas y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificaron de “persecución judicial” el arresto de varios dirigentes políticos y sociales opositores nicaragüenses, investigados por supuesta traición a la patria o lavado de dinero.
Las acusaciones e investigaciones contra el grupo de opositores, en su mayoría líderes de la disidencia, son “prueba de la persecución judicial, guerra jurídica o lawfare, que ha sido utilizada como estrategia represiva desde mayo con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, utilizando el Poder Judicial con fines extrajudiciales a favor de los intereses del Ejecutivo” que preside Daniel Ortega, señaló Urnas Abiertas.
Las acusaciones ocurren faltando al menos dos meses previo a las elecciones generales que se celebrarán en Nicaragua el 7 de noviembre.
Con información de EFE.
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