El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, reconoció este viernes las «fuertes acciones» del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, pero señaló que el régimen de excepción vigente desde finales de marzo es «insostenible».
«He visto con mis mismos ojos aquí que hay una sensación de seguridad en las calles de El Salvador y que muchos salvadoreños sienten alivio ante las drásticas reducciones en la violencia y la extorsiones», indicó en una conferencia de prensa.
Agregó que «el respiro que la Administración Bukele les ha dado también tiene un alto costo», porque «el régimen de excepción es una política insostenible».
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo de Bukele.
El país se acerca a los tres meses bajo esta medida, que se ha extendido tres veces en el Congreso, y las autoridades registran casi 42,000 detenciones y solo el 1 %, según ha dicho el mandatario, serían arrestos por «error».
El diplomático estadounidense añadió que, además de las «decenas de miles de detenidos», el régimen ha dejado «numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios, muertes de detenidos también».
«Para tener éxito se necesita un abordaje más sostenible y de largo plazo. La seguridad y prosperidad reales solo pueden venir a través del Estado de Derecho», dijo el diplomático, que hoy concluyó su misión en el país centroamericano.
Añadió: «El régimen de excepción no puede seguir para siempre y en una democracia todas las personas acusadas de un crimen deben ser procesadas con un sistema de justicia transparente».
Indicó que «eso no es lo que está pasando aquí (en El Salvador) ahora» y advirtió que al terminar el régimen de excepción «dejará a salvadoreños inocentes encarcelados injustamente junto a los criminales que el Gobierno está tratando de retirar de las calles».
Reconoció que las pandillas «son increíblemente peligrosas y han causado un daño devastador en muchas comunidades aquí y también en los Estados Unidos, particularmente entre la diáspora salvadoreña».
En esta misma conferencia, Ventrell llamó a El Salvador a extraditar «inmediatamente» a unos 15 líderes de pandillas reclamados por la Justicia de su país.
Tras esta declaración, la embajadora de El Salvador en EE.UU., Milena Mayorga, publicó en twitter dos fotografías con el presidente estadounidense, Joe Biden, sin dar contexto de las mismas.
«Lo que pedimos es una relación basada en el respeto, la independencia y la soberanía», escribió Mayorga en la referida red social, mensaje que fue compartido por el presidente Bukele con sus seguidores.
Una docena de organizaciones locales e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los miles de casos de supuestos atropellos que registran, además de la muerte de 52 personas bajo custodia estatal.
El jueves, la CIDH realizó una audiencia, en la que no se presentó el Estado, lo que las organizaciones señalan como una muestra de su «desinterés por rendir cuentas, por asumir su responsabilidad ante el escrutinio internacional y le acerca, cada día más, a las prácticas que ejercen otros gobiernos autoritarios».
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