Funcionarios del régimen de Maduro allanaron este martes la sede de la ONG Convite -dedicada a la promoción de los derechos sociales- bajo la acusación «de delitos asociados al terrorismo», con lo que se convierte en la tercera organización en menos de un mes que es investigada en el país.
La directora de proyectos de Convite, Francelia Ruiz, explicó que el procedimiento lo realizaron funcionarios de un cuerpo policial que no se identificaron y destacó que la orden de allanamiento, que no les entregaron pero de la que les permitieron tomar nota, «habla de delitos asociados al terrorismo».
Según pudo constatar Efe, varios funcionarios tenían identificaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un grupo señalado por numerosas ejecuciones extrajudiciales y del que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido su disolución.
Ruiz agregó que solo les dijeron a los miembros de la ONG que tenían esa orden de allanamiento y explicó que el director general de Convite, Luis Francisco Cabezas, y la directora de Administración, Patricia Latina, se fueron con los funcionarios.
Sin embargo, aclaró que no se iban detenidos, sino que decidieron acompañarlos voluntariamente, si bien desconoce a dónde fueron.
Por otra parte, Ruiz destacó que Convite «es una organización que, desde hace 14 años, se dedica a la exigibilidad y defensa del grupo de derechos sociales, económicos y culturales y, desde hace tres, está en el espacio humanitario».
«Es una organización humanitaria, la labor humanitaria no es terrorismo», afirmó antes de pedir «que cese el atropello, la persecución, la criminalización de las organizaciones que estamos tratando de dar salud», de detener «la tragedia que (se) causó desde el Estado».
Finalmente, la directora de proyectos de Convite explicó que los funcionarios se llevaron todos los computadores y un portátil.
Sin embargo, aclaró que no tenía «conocimiento de más» porque no le informaron y no le permitieron quedarse en la sede de la ONG.
El pasado 25 de noviembre, la ONG Alimenta la Solidaridad, que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela, denunció que su sede en Caracas también había sido allanada y sus cuentas bancarias congeladas, una acción que calificó como un «hostigamiento».
En aquella ocasión, aseguraron que la Policía Nacional Contra la Corrupción allanó también la vivienda de los padres del fundador de la ONG, Roberto Patiño, un militante del partido político opositor Primero Justicia.
Otra ONG fundada por Patiño, Caracas Mi Convive -enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas-, también se vio afectada por las mismas medidas, según informó entonces Alimenta la Solidaridad.
Hasta el momento, el chavismo no se ha pronunciado acerca del caso.
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