El régimen nicaragüense canceló este viernes la personería jurídica a la Asociación Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (Ucser), a la Asociación de Scouts de Nicaragua, y a otras 8 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La entidad argumentó que cerró de forma unilateral el centro de estudios Ucser, que funcionaba desde marzo de 2022, en base a una resolución del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), rectores de las universidades.
Según el CNU y la CNEA, esa universidad graduó estudiantes de las diferentes carreras que ofrecían sin cumplir los procedimientos establecidos, violentando la normativa académica.
Asimismo, abrió sucursales no autorizadas por el CNU en los departamentos (provincias) de Jinotega (norte) y Masaya (Pacífico), y no contaba con laboratorios para impartir clases prácticas, entre otras deficiencias.
Por su lado, la Asociación de Scouts de Nicaragua, cuya personalidad jurídica fue otorgada desde mayo de 1979, fue cerrada por no reportar sus estados financieros de los períodos 2020 a 2022, y funcionar con una junta directiva vencida desde septiembre de 2020.
En mayo de 2017, el líder Daniel Ortega participó en la celebración de los 100 años de la Asociación Scouts de Nicaragua, que fue fundada originalmente en 1917 en la ciudad caribeña de Bluefields.
Las otras 8 ONG canceladas son la Asociación Fraternidad Misioneras del Fíat de María, Asociación Ministerio ‘Rey David’, Club Rotario de León, Asociación de Iglesia Evangélica Luz en la Integración Social, Fundación Profesora Ana Fernanda García Centro de Atención y Recreación para Adolescentes de Sutiaba, Asociación Iglesia de la Doctrina Viva de Jesucristo Sala de Luz y Verdad, Fundación Centroamericana de Radionica y Radiestesia en la Medicina Integrativa, y Asociación de Ejecutivo de Recursos Humanos de Nicaragua.
El régimen se queda con los bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del régimen de Nicaragua, excepto sobre dos de ellas que solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas diez ONG, suman más de 3550 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al líder Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como número dos del régimen, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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