El régimen nicaragüense canceló este martes la personería jurídica a 16 organismos sin fines de lucro, incluidos 7 que solicitaron su disolución voluntaria, y del total 10 son católicas y/o evangélicas.
La disolución de esas 16 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
De acuerdo con la cartera del Interior, ilegalizaron 9 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, mientras que las otras 7 fueron canceladas por disolución voluntaria.
La entidad argumentó que cerró de forma unilateral esas 9 ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 16 ONG, suman más de 3550 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas unilateralmente se encuentran la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, Asociación Misioneros de la Compañía de María, Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración, Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua, entre otras.
También solicitaron su disolución voluntaria los organismos Asociación Fraternidad de Vida Evangélica de Misioneros de la Cruz, Asociación Ministerio Matrimonios sobre la Roca, Asociación Iglesia el Tabernáculo de David, Asociación Iglesia Pentecostal El Redentor, Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua, y otras dos.
El régimen decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del régimen de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al líder Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce «más de 300» y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como la número dos del régimen, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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