El régimen de Nicaragua canceló este martes la personalidad jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaban al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y ordenó expropiar sus bienes.
La disolución de esa asociación religiosa, inscrita en agosto de 2019, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, esa ONG fue ilegalizada por «incumplimiento a las leyes», debido a que tenía su junta directiva vencida desde el 25 de febrero de 2021 y no reportaron sus estados financieros del periodo fiscal 2020, 2021 y 2022, con lo que «obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro» de esa cartera.
Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponderá proceder a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Casa fue expropiada hace dos días
Ese acuerdo ministerial se da dos días después de que la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina y vecinos de la ciudad de León (noroeste) denunciaran que el Gobierno que preside Daniel Ortega se había apropiado de la casa donde operaba esa Fundación, y había ordenado la expulsión de las cuatro misioneras brasileñas que lo administraban.
El Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo, a la que pertenece la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, informó ayer que las monjas, a las que el Ejecutivo nicaragüense no les renovó la residencia, fueron acogidas en El Salvador.
La Policía de Nicaragua allanó en la medianoche del domingo la casa donde atendían las misioneras brasileñas, ubicada en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, según denunciaron allegados a las religiosas en las redes sociales y la prensa local.
La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo tenía 7 años de dedicarse al servicio de los pobres, a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, en Nicaragua.
Las misioneras tenían previsto abandonar Nicaragua la próxima semana, luego de que las autoridades de Migración y Extranjería del país centroamericano no les renovaran sus residencias.
Más de 80 religiosos han abandonado Nicaragua
Hasta el 7 de junio pasado, el régimen de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y monjas extranjeras, según Molina.
Molina, que es autora del estudio «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?» que da seguimiento a las agresiones que sufre la Iglesia católica nicaragüense por parte del régimen de Ortega, indicó en un informe que al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.
Otros 17 religiosos en el exilio alegan razones de seguridad. A doce de las autoridades nicaragüenses les prohibieron la entrada al país. Y ocho desterrados, declarados apátridas y «prófugos de la Justicia» acusados de delitos considerados «traición a la patria».
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
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