Cuatro sacerdotes católicos nicaragüenses fueron declarados este jueves culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, informó la Unidad de Defensa Jurídica.
Los cuatro prelados fueron declarados culpables junto a dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa (norte de Nicaragua), por la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua, tras cuatro días de sesiones en un juicio que concluyó este jueves, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.
La jueza declaró culpables a los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y al diácono Raúl Vega González.
También a los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas.
La Fiscalía de Nicaragua pidió 10 de cárcel y 800 días de multa para los cuatro sacerdotes, los dos seminaristas y el camarógrafo.
La jueza programó para el 3 de febrero la audiencia de lectura de sentencia.
El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron detenidos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial «El Chipote», oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo que se encuentra bajo «resguardo domiciliar».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la condena de culpabilidad a los religiosos y responsabilizó al dictador Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por ese fallo.
Según ese organismo, que catalogó los cuatro días de juicio de «tortura judicial», tanto la sentencia como la solicitud de pena «fue dictada desde El Carmen» -donde reside la pareja presidencial-, «con el afán de sembrar el terror y demostrar quien tiene el poder» en Nicaragua.
«Desde Cenidh condenamos este atropello a los derechos humanos y las garantías del debido proceso», continuó ese organismo, que forma parte de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
«Este hecho plantea un reto a los dirigentes de la Iglesia Católica. Les pedimos que reaccionen. No pueden seguir callando. Prácticamente el régimen ha encarcelado a una Diócesis entera. Les invitamos a ponerse al lado del pueblo creyente que está indignado», abogó el Cenidh, que fue ilegalizado como ONG por orden del régimen de Ortega.
En el caso del obispo Rolando Álvarez, muy crítico con el régimen de Daniel Ortega, será enviado a juicio para responder por los mismos delitos, en una fecha aún sin precisar.
Álvarez, de 56 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua.
El jerarca, quien ha sido presentado sin su vestimenta religiosa en las audiencias, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 y se encuentra detenido desde el 19 de agosto pasado.
El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez, así como al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años y medio.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
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