Las autoridades de Nicaragua prohibieron la entrada al país al sacerdote nicaragüense Eladio Sánchez, quien estudia en Italia y regresaba para despedir a su hermano fallecido, denunció este jueves la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Al religioso, que pertenece a la diócesis nicaragüense de León y Chinandega (noroeste), se le prohibió el ingreso a Nicaragua para asistir a los funerales de su hermano, Orlando Sánchez, dijo la investigadora, que es autora del estudio titulado «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?» y que da seguimiento a la situación de los sacerdotes en el país centroamericano.
«Él ha querido darle el último adiós y acompañar a toda su familia en este momento de angustia y dolor, pero la dictadura Ortega-Murillo le ha prohibido el ingreso al país», afirmó la abogada en un mensaje enviado a los medios.
Sánchez es el tercer sacerdote a quien las autoridades de Nicaragua le prohíben la entrada al país en la última semana.
Los otros dos sacerdotes son Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, también de la diócesis de León y Chinandega, y William Mora, párroco de la iglesia Cristo Rey, de la diócesis de Siuna (Caribe norte), que habían participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Portugal, evento que fue presidido por el papa Francisco.
De momento las autoridades nicaragüenses no se han referido a esas denuncias, a las que generalmente no responden.
El pasado 9 de julio, la Dirección de Migración y Extranjería también negó el ingreso a Nicaragua al vicario de la parroquia San Francisco de Asís de Managua, padre Juan Carlos Sánchez.
Más de 89 religiosos han abandonado Nicaragua
Hasta el 7 de junio pasado, el régimen de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y monjas extranjeras, según la investigadora.
De ellos, al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos 5 años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.
Otros 17 religiosos se han marchado al exilio alegando razones de seguridad. A 12 las autoridades nicaragüenses les han prohibido la entrada al país, sin incluir los últimos 4. Y 8 desterrados, declarados apátridas y «prófugos de la Justicia» acusados de delitos considerados «traición a la patria».
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Las relaciones del régimen de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
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