El régimen de Nicaragua que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega rompió récords en materia de violación a los derechos humanos en 2022, según un informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) divulgado este lunes.
«El 2022 cerró punteando como el año con más clausuras de organizaciones no gubernamentales y un éxodo nunca antes visto en la historia de Nicaragua», señaló Raza e Igualdad en el informe enviado a Efe.
Esa ONG internacional, que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina, indicó, además, que 2022 «es el segundo año con más casos de personas privadas de libertad por motivos políticos (más de 225) en el contexto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos» que vive Nicaragua desde abril de 2018, solo superado por los 674 casos registrados ese año.
Observó que en diciembre pasado las autoridades nicaragüenses permitieron tres visitas de sus familiares a las personas encarceladas en «El Chipote», donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial, «lo que podría interpretarse como una muestra de la falta de voluntad de liberar a las y los presos políticos».
Nicaragua: tierra arrasada
Por otra parte, Raza e Igualdad advirtió que más de 3000 ONG que operaban en Nicaragua, en su gran mayoría locales, han sido anuladas por el régimen de Ortega.
«El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional -dominada por el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional-, continúa implementando su política de tierra arrasada respecto de la libertad de asociación», indicó esa ONG.
Precisó que en 2022, «el régimen despojó de su personalidad jurídica a 3.108 organizaciones sin fines de lucro, para un total de 3.182 oenegés clausuradas desde noviembre de 2018», seis meses después que estallara la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
«Estas cancelaciones masivas de ONG han dejado en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales históricamente discriminados como juventudes, niñez y mujeres víctimas de violencia, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros», alertó.
Esa ONG hizo referencia que organizaciones humanitarias han llamado al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del «Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua», bajo el argumento de que el «clima de opresión se ha intensificado como consecuencia de la existencia de un «esfuerzo sistemático para sofocar a opositores y disidentes».
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce más de 300.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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