La Asamblea Nacional oficialista del régimen de Daniel Ortega aprobó este martes ampliar sanciones a los bancos y sus empleados en caso de divulgar información al cliente de que su transacción es analizada o es considerada sospechosa por lavado de dinero.
La reforma aprobada fue a la Ley No. 561 Ley General de Bancos e Instituciones Financieras no bancarias y grupos financieros la cual establece multas a los directivos y cualquier otro empleado de una institución bancaria «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte».
«El diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que las reformas a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros; a la Ley de Mercado de Capitales y a la Ley de la SIBOIF están en correspondencia a las recomendaciones del GAFILAT», escribió la Asamblea Nacional de Nicaragua en Twitter.
Según la reforma serán sancionados también aquellos quienes alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección.
Ortega propuso sancionar a los funcionarios con una multa equivalente entre dos veces y ocho veces su salario mensual, «sin perjuicio de las demás sanciones que la legislación establezca», de acuerdo al proyecto.
Otras reforma aprobadas este martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fue al artículo 10, de la Ley No. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
“Aprobar normas generales que aseguren el origen lícito del capital de las instituciones financieras y para prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva dentro del sistema financiero bajo su supervisión”, dice el texto de la propuesta.
Las reformas fueron propuestas la semana pasada por el presidente de Nicaragua Daniel Ortega con carácter urgente y fueron aprobadas con 70 votos de los diputados sandinistas y aliados, de los 92 que integran el Parlamento.
Las reformas no se sometieron a ningún debate y tampoco se propuso modificación alguna a las mismas, informó el medio nicaragüense, 100 % Noticias.
Recientemente, el régimen de Nicaragua ha extendido sanciones a distintas ONG tanto nacionales como extranjeras, al cancelar su personalidad jurídica en el país centroamericano.
El 16 de agosto, el régimen de Nicaragua publicó en La Gaceta-Diario Oficial la cancelación de la personalidad jurídica de seis ONG de EE. UU. y Europa, entre ellas se encuentran tres originarias de EE. UU. y las restantes de España, Dinamarca y Suecia.
Siendo afectadas las organizaciones originarias de EE. UU. National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI), y Helping Hands The Warren William Pagel M.D. Fundation. Y las fundaciones originarias de Europa son Fundación Oxfam Intermón de España, Oxfam Ibis de Dinamarca, y Diakonia de Suecia.
Por otro lado, el fin de semana, el régimen a través del Ministerio de Gobernación, solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de otras 15 ONG, elevando así a 49 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país, según informó este viernes una fuente legislativa.
Con información de EFE.
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