La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este jueves las personalidades jurídicas a 100 ONG para alcanzar un total de 1168 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas desde las masivas protestas contra el régimen de 2018, que el líder Daniel Ortega calificó de “golpe de Estado fallido”.
Los diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados cancelaron la legalidad de las ONG con 75 votos de 91 posibles, tras una petición hecha de urgencia por el Poder Ejecutivo. Los otros 16 diputados se abstuvieron de votar.
“La Asamblea Nacional aprobó el decreto de cancelación de personalidades jurídicas a 100 Asociaciones y Fundaciones que violaron el marco jurídico que regula a las Organizaciones sin Fines de Lucro. Esto al no presentar sus estados financieros, donaciones previas provenientes del exterior y sus directivas se encontraban acéfalas”, explicó el Legislativo.
Entre las ONG canceladas está la Asociación Confiscados y Afectados Arges Sequeira, que aglutinaba a personas cuyas propiedades habían sido confiscadas en los años 80 del siglo pasado, durante la primera época de Ortega como jefe de Estado.
También fue cancelada la Asociación Centro Casa Hogar Jerusalén, que daba hogar a niños pobres o abandonados.
Representantes de organizaciones que han sido canceladas en meses recientes, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) o la Universidad Thomas More, afirmaron en su momento que se trata de una decisión política en contra de ONG no oficialistas.
En lo que va de 2022 la Asamblea Nacional ha ilegalizado 869 ONG, y un total de 1058 desde diciembre de 2018, bajo el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.
Algunas de las ONG afectadas defendían los derechos humanos, los intereses de indígenas, mujeres o niños, conservaban el medioambiente, garantizaban alimentos para personas pobres, promovían el acceso a viviendas, facilitaban el acceso a la educación, entre otras actividades.
El Legislativo sostuvo que todas violaron las mismas leyes, relacionadas con el control de organismos sin fines de lucro, de agentes extranjeros, lavado de activos, o financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
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