El régimen de Venezuela anunció el jueves que decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la ACNUDH abandone el país en las siguientes 72 horas, «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas».
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, expuso Gil.
Para el régimen venezolano, la ACNUDH ha “exacerbado sus ataques” contra Venezuela y ha mantenido una postura “claramente sesgada y parcializada”, generando “impunidad” para personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones, entre otros.
Aunque aseguró que la ACNUDH incumple el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados, reiteró su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, “sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La decisión se produce luego de que, tras la detención de la activista de DD.HH. y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, acusada de conspirar contra el régimen, la oficina del ACNUDH, Volker Türk, dijo que seguía como “profunda preocupación” los hechos y reiteró que, debido a que su paradero era desconocido, su detención podría calificar como desaparición forzada e instó a su inmediata liberación.
San Miguel fue imputada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Sus abogados denunciaron que no estuvieron presentes en la audiencia y que su paradero era desconocido.
En 2019 se acordó la instalación de la oficina del ACNUDH en Venezuela, lo que implicaba la presencia de un equipo en el terreno.
El año pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue autorizado a reanudar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. El régimen ejerció un recurso de apelación y se espera por el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la CPI.
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