Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas afirman que el gobierno de Nicolás Maduro intensificó el uso de las herramientas de represión “más duras y violentas” en Venezuela tras las disputadas elecciones de julio.
El informe de la ONU dice que las fuerzas de seguridad de Venezuela, leales a Maduro y al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, han llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, que “en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro, el socialista en funciones, ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de que las evidencias apuntaban a que había perdido de forma aplastante frente al candidato opositor Edmundo González, que ahora se ha exiliado en España.
La oposición obtuvo recuentos de votos que sugerían que González había obtenido el 73 por ciento de los votos accesibles, el doble que Maduro.
Estados Unidos y otros muchos países han dicho que no reconocen a Maduro como presidente tras lo que consideran un escrutinio antidemocrático y opaco, y el mes pasado uno de los cinco miembros del CNE se desmarcó y criticó la “grave falta de transparencia y veracidad” del proceso.
La misión de investigación sobre Venezuela, que depende del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo: “Durante el período cubierto por este informe, y especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó los mecanismos más duros y violentos de su aparato represivo”.
“Intensificación de la maquinaria represiva del Estado”
Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación, afirmó: “Estamos asistiendo a una intensificación de la maquinaria represiva del Estado en respuesta a lo que percibe como opiniones críticas, oposición o disidencia”.
“Aunque se trata de una continuación de patrones anteriores, que la misión ya ha calificado como crímenes de lesa humanidad, la reciente represión, por su intensidad y carácter sistemático, representa un gravísimo atentado contra los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de varios llamamientos, tanto dentro como fuera del país, al respeto de los derechos humanos”, dijo Valiñas, abogado portugués y experto en derechos humanos.
Tras la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones, miles de manifestantes protestaron en las calles de la capital, Caracas, y otras ciudades contra el régimen.
Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, pero algunos activistas derribaron estatuas del predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez, y quemaron motocicletas de la policía.
Las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales reaccionaron violentamente.
Según el informe, el fiscal general de Venezuela admitió que 25 personas habían muerto durante las protestas del 29 y 30 de julio.
Investigó esas muertes y dijo que había “pruebas circunstanciales” que indican que los manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad o por milicianos progubernamentales.
El informe decía: “La misión documentó que civiles armados estuvieron presentes y dispararon durante varias protestas, interactuando con las fuerzas de seguridad o actuando solos. En varios de los casos investigados, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana utilizaron sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes”.
También acusó al gobierno de llevar a cabo al menos 39 “detenciones arbitrarias” (de 32 hombres y siete mujeres) de “opositores reales o presuntos al gobierno” después del 28 de julio.
Según el informe, “en la mayoría de los casos investigados, las detenciones implicaron o fueron seguidas de violaciones graves y sistemáticas de las garantías procesales”.
Las conclusiones de la misión se hacen eco de las preocupaciones expresadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y por varios grupos de derechos humanos.
La misión de investigación de la ONU acusó al sistema de justicia penal venezolano de estar “claramente subordinado” a los intereses de Maduro y del partido gobernante.
Los tribunales son un “instrumento” de represión
Dijo que los tribunales fueron utilizados como un “instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.
La misión de investigación elaboró el informe mediante entrevistas con 383 personas y la revisión de expedientes judiciales y otros documentos.
El aparente ganador de las elecciones, González, de 75 años, es buscado por las autoridades venezolanas por cargos de conspiración y otros delitos.
Huyó a España el 8 de septiembre, y la semana pasada el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en la plataforma de redes sociales X: “Doy una calurosa bienvenida en nuestro país a Edmundo González, a quien recibimos mostrándole el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”.
El 15 de septiembre dos españoles, tres ciudadanos estadounidenses y un checo fueron detenidos en Venezuela y acusados de formar parte de un complot respaldado por la CIA para asesinar a Maduro.
El gobierno de Estados Unidos negó su implicación en dicho complot.
Con información de Associated Press y Reuters
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