El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de la Familia, condenó este lunes el apoyo brindado por la diócesis nicaragüense de Granada al sacerdote José Leonardo Urbina, condenado a 30 años de cárcel por el delito de abuso sexual contra una niña de 14 años.
El Ministerio de la Familia expresó en una declaración «su profunda preocupación por las expresiones y comunicaciones oficiales de la Diócesis de la Iglesia católica de Granada, ante la sentencia emitida por autoridades judiciales contra José Leonardo Urbina, sacerdote violador de una niña».
El viernes pasado, un día después de que Urbina, de 51 años y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de la ciudad de Boaco (centro), fue condenado a 30 años de prisión, la diócesis de Granada emitió un comunicado en el que expresó «su más profundo dolor y sufrimiento al conocer la sentencia contra monseñor José Leonardo Urbina».
Además pidió a los fieles «seguir orando» por sus sacerdotes encarcelados en Nicaragua, que suman ocho en los últimos cuatro meses, incluido el obispo Rolando Álvarez, por diferentes motivos, más tres seminaristas.
Régimen declara en «rebeldía» a obispo
En su declaración, el Ministerio de la Familia condenó «enfáticamente las declaraciones que desde la Iglesia católica de Granada defienden, inconcebiblemente, a un sacerdote violador».
Asimismo, la cartera de la Familia reclamó «por estas expresiones inauditas del obispo (Jorge Solórzano) y de la Diócesis de Granada, que consideramos en rebeldía ante la guía pastoral del papa Francisco».
El presbítero Urbina se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por la Justicia nicaragüense por delitos comunes.
En mayo pasado, el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de la parroquia Jesús Nazareno, de la ciudad de Nandaime (oeste), fue detenido por una supuesta agresión contra una mujer y posteriormente condenado a dos años de prisión.
La supuesta víctima desmintió haber sido agredida por el religioso, por lo que fue acusada por la Fiscalía por el delito de falso testimonio, y declarada culpable por un juez.
Otros seis sacerdotes, incluido Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, permanecen arrestados desde el pasado 19 de agosto después de haber estado 15 días confinados en un palacio episcopal provincial.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del líder Ortega, acusa al obispo Álvarez y a los otros cinco sacerdotes -entre ellos Ramiro Tijerino, sobrino de la exguerrillera y exjefa policial sandinista Doris Tijerino- de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.
«Demandamos, exigimos, justicia y reparación, a nombre de las familias nicaragüenses con víctimas de los abusos sexuales y aberraciones contra niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas, cometidos por personajes que no pueden ser considerados pastores, aunque se vistan con hábitos que usan y manipulan para proteger sus atrocidades», continuó el Ministerio de la Familia.
«Exigimos condena pública y que se pida perdón a las víctimas de la atrocidad machista y perversa de estos personajes», concluyó.
Crítica de defensores de derechos humanos
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más criticó al Ministerio de la Familia por su papel en los últimos años, y afirmó que su reclamo a la Diócesis de Granada «confirma que todo el aparato estatal se encuentra al servicio de la dictadura».
A través del abogado Juan Carlos Arce, el Colectivo cuestionó la ausencia del Ministerio de la Familia cuando medios de comunicación oficiales revelaron la identidad de los familiares de «la niña supuestamente abusada», y el silencio en el caso de «más de 20 niños asesinados en el contexto de la represión (2018)», o para demandar el derecho de que «los hijos e hijas de los presos políticos puedan tener contacto con sus padres y madres injustamente presos».
Ortega ha tildado de «terroristas» a los obispos que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis política y social que vive el país desde 2018.
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