La organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este martes que la cifra de reclusos fallecidos en el país en lo que va de año ya superó la del mismo periodo de 2019.
“Las cifras, realmente, nos costó creerlas”, afirmó Carolina Girón, directora de la ONG, en una rueda de prensa virtual con motivo de la presentación del balance.
En total, hasta septiembre de este año, han fallecido 314 detenidos, de los cuales 168 casos fueron por cuestiones de salud en cárceles y calabozos policiales. Esto significa un aumento en comparación al mismo periodo del año pasado, en el que fallecieron 223 personas detenidas, 111 por razones de salud.
De acuerdo con el OVP, de enero a marzo de 2020, antes de la pandemia, murieron 74 reclusos tanto en cárceles como en centros de detención preventivas, 35 por cuestiones de salud. De los meses de abril a septiembre, la cifra fue de 240, 133 de estos casos fueron por cuestiones de salud.
“Aún cuando se siguen presentado muertes por violencia (…) la razón de las muertes por salud es sumamente preocupante porque está en aumento”, apuntó Girón.
Al hablar sobre los motivos de este aumento, la directora de la ONG afirmó: “La desnutrición está haciendo estragos en la población penitenciara”. También mencionó la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias, como dolencias que se están cebando especialmente con los reos.
El OVP ya presentó la semana pasada su informe sobre ‘El VIH y la tuberculosis en las cárceles venezolanas’.
La presidente de la ONG detalló que, de acuerdo con declaraciones de funcionarios recolectadas, son 133 los contagiados del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), también conocido como nuevo coronavirus, en prisiones o calabozos policiales y dos los fallecidos por el covid-19.
Girón sostuvo que en los centros de reclusión del país no debería morir nadie «en virtud de que están bajo la custodia y el resguardo del Estado”.
La semana pasada, el fiscal, designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, destacó el trabajo de su oficina, junto al poder judicial y la defensa pública, para el descongestionamiento de los centros de detención.
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