La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, realiza desde este lunes una visita oficial a Venezuela.
A través del comunicado de las Naciones Unidas donde informan de la visita, Douhan explica que quiere evaluar “en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas, y en qué medida”.
Señala que se concentrará en “cualquier impacto negativo” de las sanciones y hará recomendaciones en este sentido.
Douhan, quien fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020, se reunirá con funcionarios del régimen de Maduro, miembros del Parlamento y del Poder Judicial chavista, representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, oposición, mecanismo nacional de derechos humanos, entre otros, señala el texto.
La semana pasada, funcionarios chavistas realizaron una reunión de preparación para la visita de la relatora al país.
El régimen de Nicolás Maduro culpa a las sanciones estadounidense por la situación económica que atraviesa el país. EE.UU. ha reiterado que estas medidas no son el problema.
Inquietudes
A propósito de la visita, un grupo de 66 organizaciones venezolanas hicieron pública una carta a la Relatora Especial, donde comentan que a pesar del compromiso adquirido por le régimen venezolano con la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en junio de 2019 a invitar unos 10 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos en dos años, la de Douhan es la primera que se ha concretado.
“Su visita es un paso positivo pero, por sí solo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país”, asegura la misiva.
Consideran que el régimen venezolano «ha entorpecido la visita de otros mecanismos” y que “instrumentaliza” las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos “para ocultar su responsabilidad en la crisis humanitaria compleja”, apuntan en el texto.
Destacan además “la creciente falta de cooperación de ese gobierno con los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas”. Indican que entre 2019 y noviembre de 2020 la cancillería venezolana recibió 16 comunicaciones, y solamente han sido respondidas dos.
Aseguran estar de acuerdo con la solicitud hecha por Bachelet y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspendan o alivien las sanciones sectoriales “con el fin de disponer de todos los recursos posibles en la respuesta al COVID-19 y atender otras necesidades de la población”.
Sin embargo, le piden a Douhan estudiar la evolución de la corrupción durante las últimas dos décadas y su impacto en “la vulnerabilidad” de los venezolanos. Además de tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de las sanciones.
Igualmente le piden constatar la “falta de transparencia en la gestión pública y la negación del derecho al acceso a la información”.
La Relatora Especial presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año, indicó la ONU.
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