Este miércoles la organización Prisoners Defenders dio a conocer que en el último año hubo un total de 525 presos y condenados políticos en Cuba, de los cuales 138 corresponden a octubre de 2020, por lo que hasta finales de septiembre del 2021 ingresaron 387 nuevos casos.
Prisoners Defenders señala que de los 1500 casos de medidas de privación de la libertad bajo procesos judiciales tras las protestas pacíficas del 11 de julio, un total de 442 de esos casos son condenados políticos y se encontraban activos hasta septiembre. De los 442 casos, 288 casos son resultado de la represión del régimen cubano relacionada a las protestas pacíficas del pasado 11 de julio contra la dictadura comunista liderada actualmente por Miguel Díaz-Canel. La organización señala que estos datos no son precisos debido «a la censura absoluta del Estado» sobre la cifra oficial.
En el marco de estas detenciones, el 3 de octubre se hizo pública una carta que enviaron el pasado agosto 5 relatorías de la ONU—concernientes a temas de reunión pacífica y de asociación; de la detención arbitraria; de las desapariciones forzadas o involuntarias; de la libertad de opinión y de expresión; y de la tortura—donde los relatores expresaron en su carta la preocupación sobre información que recibieron respecto a actos de violencia física y fuerza excesiva contra los manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la preocupación de las detenciones a manifestantes por ejercer sus derechos, tras las protestas del 11 de julio.
«Una de las protestas más grandes fue en el capitolio de la ciudad de La Habana, donde se habrían reunido aproximadamente dos mil personas. Se informa que, en dicha localidad, como en otros lugares, las fuerzas de mantenimiento del orden público, así como personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, entre ellas para ingresar personas en vehículos policiales. Adicionalmente fueron golpeadas personas periodistas que cubrían la manifestación», se lee en la carta de los relatores de la ONU.
«Ese mismo día el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, habría llamado a una transmisión en vivo desde el Palacio de la Revolución a sus partidarios a ‘enfrentar en las calles estas manifestaciones’ y señaló que ‘[los protestantes] tienen que pasar por encima de sus cadáveres y [están] dispuesto a todo'», agregó la carta, refiriéndose a la frase «La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios» que dijo Miguel Díaz-Canel en la tarde del 11 de julio.
La carta de los relatores finalizó diciendo que «De confirmarse las alegaciones que hemos recibido, contravendrían numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos».
Si bien la carta es expuesta por 5 relatores de la ONU, Prisoners Defenders señaló que tal postura no la ha tenido «cuando ha tenido oportunidad en el pasado Consejo de Derechos Humanos» la Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH., Michelle Bachelet, dijo la organización.
El pasado 13 de septiembre, Michelle Bachelet no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, generado un rechazo de activistas por su falta de “neutralidad”.
Durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet presentó la actualización de sus informes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo–incluyendo Afganistán, Bielorrusia, Siria, Nicaragua y Venezuela—entre otros.
Sin embargo, Cuba no figura como uno de ellos; a pesar que desde el estallido de las protestas masivas en la isla desde el pasado 11 de julio, el régimen castrista ha reprimido fuertemente a los manifestantes y ha sido abiertamente criticado por la comunidad internacional.
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