El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, presentó este miércoles su renuncia al cargo en medio de una investigación legislativa y judicial por la presunta violación de datos personales de una unidad presidencial de análisis de datos.
Morales, quien también es diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana, leyó su carta de renuncia, sin aceptar preguntas de los medios de comunicación, y acompañado por los legisladores de su fracción y varios ministros de Gobierno.
Según Morales, la investigación legislativa y una moción de censura en su contra «implican un irremediable deterioro» en su relación y comunicación con el Congreso, lo cual le «impide cumplir con una función esencial» del cargo de ministro de la Presidencia.
En Costa Rica, el ministro de la Presidencia funciona, entre otras cosas, como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Morales es investigado por la Fiscalía por los delitos de prevaricato (firma de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales, por haber firmado un decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y que facultaba a ese equipo a acceder a datos «confidenciales» en poder de las instituciones públicas.
Por esos mismos delitos es investigado el presidente del país, Carlos Alvarado, y el exviceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, quien renunció a su cargo la noche del martes.
El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de febrero en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, que se centran en su artículo 7.
«Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos» incluida «la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas», reza el señalado artículo.
El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses, y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo «errores» en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
Alvarado aseguró que nunca hubo acceso a datos sensibles porque ese no era ese el objetivo y porque, además, las leyes lo impiden.
También dijo el mandatario que derogó el decreto para abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos.
La Fiscalía allanó el viernes 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados, en donde decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.
Los asesores presidenciales de datos Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero; el asesor legal presidencial Luis Salazar Muñoz; y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández, son sospechoso de los delitos de abuso de autoridad y violación de datos personales.
Los cinco asesores presidenciales investigados son sospechosos de violación de datos personales y abuso de autoridad.
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