La representante de Florida, María Elvira Salazar, anunció el día de hoy que presentará un proyecto de ley llamado Sonido de Libertad, para exigir a la administración Biden y al FBI que localicen a más de 85,000 niños extranjeros no acompañados que están perdidos en Estados Unidos.
«85,000 niños que en los primeros 30 días, cuando entró la administración del presidente Biden, entraron a la frontera y se los entregaron a la persona que decía ‘ellos vienen conmigo'», dijo Salazar a través de X, antes llamado Twitter. También señaló que todos estos niños eran hispanos.
La representante hizo el anuncio junto a Eduardo Verástegui, productor de la película del mismo nombre, que arroja luz sobre el tema del tráfico sexual infantil y que ha arrasado las taquillas en Estados Unidos y Latinoamérica, desde su lanzamiento, el pasado 4 de julio.
Verástegui, dijo que la película «se convirtió en un movimiento que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual».
El actor y productor ha recorrido Estados Unidos y varios países de Latinoamérica buscando comprometer a políticos de diversos niveles de gobierno, o incluso candidatos presidenciales, a tomar acciones concretas para combatir el tráfico y la explotación sexual de menores.
En abril de este año, el Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores realizó una audiencia de “Supervisión del Programa de Niños Extranjeros No Acompañados de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”, en la que la directora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Robin Dunn Marcos, no pudo responder preguntas básicas sobre qué ha pasado con más de 85,000 menores no acompañados que han desaparecido luego de cruzar la frontera en los últimos dos años.
En la audiencia, también se abordaron “los niveles sin precedentes de cruces fronterizos ilegales, incentivados por las políticas de la Administración Biden, han abrumado a la ORR, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y han puesto en peligro a los niños migrantes”.
Los miembros del comité señalaron que el Departamento de Salud y Servicios humanos (HHS), priorizó la rápida liberación de los niños antes que su seguridad. Además, cuestionaron a Dunn sobre por qué el HHS ha ignorado los informes de explotación laboral hacia estos niños.
La directora tampoco pudo responder sobre la verificación de patrocinadores para garantizar que sean aptos para cuidar a los menores.
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