Repaso del año: De las caravanas en 2018 a la Corte Suprema en 2019

WASHINGTON – Aunque el muro fronterizo está dominando lo que queda de 2018, fueron las caravanas de migrantes y el número récord de grupos familiares que cruzaron la frontera los que llamaron más la atención sobre el asunto de la seguridad fronteriza este año.

A medida que aumentaba el ritmo de las actividades ilegales a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México, el Congreso estadounidense poco a poco se detuvo en la búsqueda de soluciones, y los jueces federales boicotearon todos los intentos del presidente Donald Trump de reparar las fallas del sistema.

Los principales medios de comunicación desempeñaron su papel en la inyección de histeria en una crisis humanitaria ya de por sí delicada, incluyendo la exhibición reiterada de fotos o videos de la época de Obama para desacreditar a Trump y confundir a la gente para que creyera que las imágenes mostradas eran actuales.

Este año, decenas de miles de centroamericanos pagaron a contrabandistas para viajar al norte y entrar a Estados Unidos como solicitantes de asilo. Miles más se unieron a las caravanas en abril y octubre.

Durante el año fiscal 2017, casi 400.000 personas fueron atrapadas a lo largo de la frontera suroeste después de cruzar ilegalmente, con un promedio de casi 1100 personas por día.

Los factores que impulsaron los aumentos en el flujo de gente fueron los grupos familiares, que consisten de al menos un niño y un adulto.

El gobierno estadounidense intentó distintos métodos para detener el flujo de personas, y explicó que si bien la mayoría de las solicitudes de asilo eran falsas, el sistema se estaba utilizando como una manera efectiva de obtener acceso a Estados Unidos y desaparecer una vez dentro del país.

El 89 por ciento de los solicitantes de asilo de América Central pasan la revisión inicial en la frontera cuando afirman tener miedo de regresar a su país. Si un niño está involucrado, como es el caso de más de 60.000 cruces por mes en este momento, la estadía máxima de detención tanto para el padre como para el niño es de 20 días, un período de tiempo que hace imposible una adjudicación de asilo.

Todos son entonces liberados en Estados Unidos, de ahí el concepto de “capturar y liberar”. Sin embargo, solo el 9 por ciento de ellos recibe posteriormente asilo de un juez de inmigración, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

El resto queda suelto dentro de EE. UU.

“En efecto, solo el 1,5 por ciento de los grupos familiares de Centroamérica atrapados [en el año fiscal] 2017 fueron removidos a sus países de origen, a pesar de que la mayoría no tendrá argumentos válidos para permanecer en Estados Unidos cuando concluyan sus procedimientos judiciales”, dijo Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante una audiencia de supervisión en el Senado el 11 de diciembre.

Esperando que algo funcione

Ante la falta de una acción del Congreso para tapar las grietas que permiten a los inmigrantes económicos y a aquellos que quieren reunirse con sus familiares ingresar en cualquier momento, la administración intentó distintos métodos para reducir el número de solicitudes falsas de asilo.

En mayo, el Departamento de Justicia lanzó una política de “tolerancia cero”, alegando que todos los que cruzaran ilegalmente la frontera serían sometidos a juicio. Esa política tenía como propósito canalizar a los solicitantes de asilo a través de los puertos de entrada, donde la tramitación era más fácil, y para mantener a los agentes de la Patrulla de Fronteras sobre el terreno.

Los procesos judiciales obligaron a separar temporalmente a adultos y niños mientras se juzgaban los casos por entrada ilegal. Los funcionarios también verificaban la relación familiar entre el adulto y el niño, llevaban a cabo una investigación de antecedentes penales y se ocupaban de cualquier asunto médico, incluidas las enfermedades contagiosas.

Se produjo un escándalo; los demócratas y algunos medios de comunicación culparon a la administración de “arrancar a bebés de los brazos de sus madres”, y rápidamente se dio marcha atrás con la política.

En junio, el entonces fiscal general Jeff Sessions redujo el criterio para el asilo. Básicamente, revirtió los requisitos a los que eran antes de 2014, cuando la administración Obama los amplió para incluir casos de personas con causas penales privadas, incluída la violencia doméstica.

La definición no ha cambiado. Los solicitantes de asilo siempre tuvieron que demostrar que sufrieron persecución en el pasado o que tienen un temor bien fundado de ser perseguidos en el futuro en su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.

“No es suficiente con demostrar simplemente que el gobierno tiene dificultades para controlar el comportamiento o que ciertas poblaciones tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos”, declaró en junio el Departamento de Seguridad Nacional.

El 19 de diciembre, el juez de distrito Emmet Sullivan bloqueó esta modificación.

El 9 de noviembre, cuando se acercaba la gran caravana de América Central, Trump dijo que cualquiera que cruzara la frontera ilegalmente no podría pedir asilo.

El 20 de noviembre, el juez de distrito Jon Tigar bloqueó la proclamación de Trump, y el 19 de diciembre, la Corte Suprema se negó a intervenir hasta que el caso termine su recorrido por los tribunales inferiores.

Acuerdo de permanecer en México

Sin embargo, en lo que podría ser un gran avance en el control de las solicitudes de asilo no merecedoras, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció el 20 de diciembre que los solicitantes de asilo ahora pueden ser devueltos a México mientras dure su proceso de inmigración.

“Si un juez de EE. UU. les concede asilo, serán bienvenidos a Estados Unidos. Si no lo son, serán removidos a sus países de origen”, dijo Nielsen. “‘Captura y liberación’ se sustituirá por ‘captura y devolución’. Esto también nos permitirá centrar más la atención en aquellos que realmente huyen de persecución”.

El acuerdo parece ser más un apretón de manos en este momento, pero es lo correcto para México, dijo Jessica Vaughan, directora de políticas del Centro de Estudios de Inmigración.

“Lo que realmente motiva a México [a estar de acuerdo] es el hecho de que esto también se está convirtiendo en su problema, que Estados Unidos no está aceptando personas en el país”, dijo. “Políticamente, ningún presidente mexicano quiere ser visto como acatando órdenes de Estados Unidos, pero esto es realmente más grande que eso: esto también es un problema para México”.

Vaughan dijo que un paquete de ayuda externa de 10.600 millones de dólares para el sur de México y América Central anunciado el 18 de diciembre habría endulzado el acuerdo. “Creo que todos están de acuerdo en que eso podría ayudar si se usa de la manera correcta”, agregó.

Expectativas para 2019

“Si el 2018 fue el año de la caravana, entonces la Corte Suprema va a desempeñar un papel principal en el 2019”, dijo Vaughan. “En el Congreso no va a pasar nada. Todo lo que la administración intente hacer será objeto de una demanda y posiblemente conminado”.

La ciudadanía por nacimiento, los requisitos de asilo, el fin del DACA y el financiamiento de las ciudades santuario serán probablemente tratados por la Corte Suprema en 2019 después de que los casos se sigan abriendo camino a través de los tribunales inferiores.

Vaughan predice que los demócratas de la Cámara de Representantes aprobarán algún tipo de acuerdo de amnistía, muy probablemente para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Una gran amnistía que no llegará a ninguna parte en el Senado”, señaló. “Pero quieren hacer eso para su base [electoral]. Porque creen que eso les beneficiará políticamente y quieren que quede registrado que los republicanos se oponen a la amnistía”.

Y predice que los demócratas intentarán recortar los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los centros de detención y “todo tipo de programas de control. Y luego el Senado los volverá a diferir”.

Vaughan dijo que la política de ‘Permanecer en México’ podría ser sometida a juicio en los tribunales y que de todos modos no es una solución completa. “Puede ser revocada por el próximo presidente, o dejada de lado por México, o algo así; hay cosas que pueden salir mal”, señaló. “Sigue siendo disfuncional si todas estas personas terminan siendo aprobadas para el asilo de todos modos y si las definiciones no se ajustan al lenguaje de la ley. Y sigue siendo disfuncional si no podemos encontrar una forma de adjudicar estos casos más rápido”.

Las cortes de inmigración tienen actualmente un acumulado de casi 800.000 casos pendientes de adjudicación.

El panorama general

Trevor Loudon, experto en comunismo y colaborador de La Gran Época, está de acuerdo en que la batalla de 2019 pasará en gran medida del Congreso al poder judicial.

Pero “la verdadera batalla es por el número de votantes”, dijo Loudon. Los demócratas obtendrían una ventaja electoral a través de millones de votos de extranjeros ilegales, añadió, “frente al deseo de los patriotas de soberanía nacional”.

“A eso se reduce todo”, afirmó.

“Y tienes un factor que complica las cosas, hay algunos elementos de la derecha, del tipo de la Cámara de Comercio, que lo único que les importa son las fronteras abiertas para que puedan conseguir una oferta interminable de mano de obra barata”.

Loudon predice que el 2019 traerá una confrontación real.

“Esto va a ser una confrontación muy, muy tensa”, dijo. “Y vamos a ver que la situación empeorará. Creo que el muro comenzará, y creo que la izquierda hará todo lo posible para detenerlo”.

Loudon dijo que también espera “una guerra civil” en el Partido Demócrata entre los nuevos progresistas y la vieja guardia.

“Esto no es socialista contra liberal. Esto es comunista contra socialista”, dijo. “Van a estar preocupados. No van a lograr hacer mucho porque el presidente Trump los vetará de todos modos, pero van a impulsar las medidas más extremas, progresistas y de izquierda que te puedas imaginar”.

“Y el poder judicial está lleno de socialistas y marxistas de fronteras abiertas, así que harán lo que puedan”.

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