Los miembros de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara y del Subcomité de Constitución, Derechos Civiles y Libertades Civiles de la Cámara enviaron una carta al fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, criticando su reciente directiva al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre el restablecimiento de las elecciones a las leyes prepandémicas.
Los representantes Jim Jordan (R-Ohio) y Mike Johnson (R-La.) dijeron el jueves a Garland que la directriz electoral emitida por el DOJ en julio está infundada, ya que es responsabilidad de los estados establecer las leyes electorales, no del Departamento de Justicia.
En su carta, Jordan y Johnson dijeron que la Constitución de EE. UU. faculta a las legislaturas estatales con la «responsabilidad principal de establecer las normas electorales» y que la directriz de Garland se opone al documento fundacional.
“Muchos de los cambios que los gobiernos estatales y locales hicieron a los procedimientos de votación en 2020 fueron cambios temporales de emergencia para ‘promover tanto la seguridad de sus ciudadanos como una sólida participación democrática durante la pandemia’”, escribieron los congresistas. “A estas jurisdicciones se les debe permitir evaluar las circunstancias cambiantes y sus experiencias en 2020 y realizar los cambios legales apropiados, sin la amenaza de un litigio por parte del gobierno federal”.
Un mensaje clave de la directriz de julio del DOJ fue no permitir que los estados regresen sus normas votación al estatus prepandémico y, si lo hacen, el DOJ lo considerará una acción ilegal y estará sujeta a una mayor supervisión y posible litigio.
“La política de cumplimiento del Departamento no considera que la re-adopción de leyes o procedimientos de votación anteriores por parte de una jurisdicción sea presuntamente legal; en cambio, el Departamento revisará los cambios de una jurisdicción en las leyes o procedimientos de votación para cumplir con todas las leyes federales con respecto a las elecciones, según lo justifiquen los hechos y las circunstancias», indicó el memorándum de orientación del DOJ de julio.
“Ya sea conscientemente o no, su nueva directriz lo convierte en cómplice de un esfuerzo más amplio de los demócratas electos para politizar las leyes federales de derecho electoral. Los demócratas alegan que las recientes medidas legales de integridad de los votantes, como la SB 202 de Georgia y la legislación propuesta en Texas, constituyen ‘Jim Crow 2.0’ y ‘supresión de votantes’. En realidad, estos estados están promulgando medidas de sentido común para la integridad de los votantes, muchas de las cuales aumentan el acceso al voto más allá de lo que está disponible en los estados controlados por los demócratas», escribieron los representantes.
Los representantes criticaron la respuesta de los demócratas a los esfuerzos estatales y a la federalización de las leyes electorales, con su amplio proyecto de ley sobre el derecho electoral que quita poder a los estados sobre cómo se llevan a cabo sus elecciones y se lo da al Congreso, lo que hace que las elecciones sean menos seguras e inconstitucionales.
Los demócratas del Senado presentaron la S.1, la Ley Para el Pueblo de 2021 el miércoles siguiendo las líneas del partido, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.) dijo que dará prioridad a un debate de S.1 tan pronto como el Senado se reúna el 13 de septiembre porque es su prioridad contrarrestar lo que él llama los esfuerzos de las legislaturas estatales para restringir el acceso al voto.
La carta de los republicanos solicita documentación, entregada a más tardar el 23 de agosto, que arrojará luz sobre el esfuerzo del Departamento de Justicia para evitar que las legislaturas estatales promulguen nuevas medidas del derecho electoral.
Los congresistas quieren todas los mensajes escritos y de otro tipo en referencia a las directrices de votación del DOJ, sobre la demanda del DOJ contra el derecho electoral de Georgia, y entre el DOJ y la Casa Blanca en referencia a las reformas estatales electorales.
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