El senador Charles Grassley (R-Iowa) advirtió con firmeza al fiscal general Merrick Garland, en una carta del 1 de septiembre, que las represalias de los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra los denunciantes del FBI o cualquier otro empleado federal que hable con el Congreso constituyen una violación de numerosas leyes federales.
«Como sabe, el departamento y el FBI tienen fama de tomar represalias contra los denunciantes que proporcionan información al Congreso. En consecuencia, me gustaría recordar al departamento que, como cuestión básica de derecho, todos los empleados del gobierno de EE. UU. tienen derecho a hacer peticiones al Congreso o a proporcionar información al Congreso», dijo Grassley a Garland en la carta.
Grassley recordó a Garland que el artículo 7211 del 5 U.S.C. establece que «el derecho de los empleados, individual o colectivamente, a presentar peticiones al Congreso o a un miembro del Congreso, o a proporcionar información a cualquiera de las Cámaras del Congreso, o a un comité o miembro del mismo, no puede ser interferido o denegado», escribió Grassley.
Este importante hecho no fue incluido por Garland, señaló Grassley, en su memorando interno del 30 de agosto a todos los empleados del Departamento de Justicia que decía que toda comunicación con el Congreso debe recibir la aprobación previa a través de la Oficina de Asuntos Legislativos (OLA, por sus siglas en inglés) del departamento. La OLA suele estar dirigida por una persona designada por el presidente.
Garland reconoció en su memorando que los denunciantes están protegidos, pero no describió la profundidad de esas protecciones en la legislación federal. A Grassley le preocupa que el fiscal general esté tratando de evitar que más empleados del FBI o del DOJ hablen con miembros del Congreso.
«Notablemente, su memorándum llegó justo después de que los empleados del departamento y del FBI me revelaran sus denuncias sobre la flagrante politización de las investigaciones de Trump y Hunter Biden. Incluso con sus advertencias sobre los denunciantes, y debido al momento de su memorándum, sigo preocupado por el efecto desalentador que puede tener sobre los denunciantes que desean acercarse al Congreso con información relacionada con el fraude, el despilfarro, el abuso y la flagrante mala administración», dijo Grassley.
«Las protecciones para que los empleados del DOJ denuncien las irregularidades directamente al Congreso no terminan ahí. Por ejemplo, el artículo 5 U.S.C. §2302-2303 también protege a los empleados del DOJ de las represalias por hacer revelaciones directamente al Congreso», explicó Grassley a Garland.
Grassley también señaló que «el propio manual de política del DOJ en relación con las comunicaciones con el Congreso, que usted citó en su memorándum, también reconoce el derecho inequívoco de los empleados a hacer peticiones directamente al Congreso, afirmando que ‘nada en esta política tiene la intención de entrar en conflicto con o limitar la protección de los denunciantes como los previstos en 5 U.S.C. §§2302-2303 y los reglamentos aplicables'».
«Aunque su memorándum menciona esta línea, no proporciona ningún otro contexto u orientación, lo que lleva a muchos que lo leen a creer que las protecciones de los denunciantes no estarán disponibles si hablan directamente con el Congreso».
Por último, Grassley recordó al fiscal general que la Ley de Asignaciones Consolidadas (CAA, por sus siglas en inglés) de 2022 incluye disposiciones que garantizan el derecho de los empleados federales a convertirse en denunciantes al proporcionar información que, de otro modo, no sería entregada al Congreso por funcionarios del poder ejecutivo preocupados por la cobertura negativa de los medios de comunicación.
La sección 713 de la CAA estipula, según Grassley, que ningún dinero de los impuestos «estará disponible para el pago del salario de cualquier funcionario o empleado del gobierno federal, que –(1) prohíba o impida, o intente o amenace con prohibir o impedir, que cualquier otro funcionario o empleado del gobierno federal tenga cualquier comunicación o contacto directo, oral o escrito, con cualquier miembro, comité, o subcomisión del Congreso en relación con cualquier asunto relacionado con el empleo de dicho funcionario o empleado o con el departamento o la agencia de dicho funcionario o empleado de cualquier manera, independientemente de que dicha comunicación o contacto sea a iniciativa de dicho funcionario o empleado o en respuesta a la solicitud o la pregunta de dicho congresista, comisión o subcomisión».
Grassley concluyó su carta a Garland señalando que la recién promulgada Resolución 723 del Senado que designa el «Día Nacional de Apreciación de los Denunciantes» contaba con 11 demócratas entre sus 21 copatrocinadores. La resolución fue aprobada por unanimidad en el Senado.
La resolución comenzaba señalando que el Congreso Continental, en 1777, durante la Guerra de la Independencia, apoyó a 10 marineros e infantes de marina de la naciente Marina Americana que denunciaron el despilfarro y el fraude en el gobierno.
Al año siguiente, «en demostración de su pleno apoyo a los denunciantes, los miembros del Congreso Continental aprobaron por unanimidad la primera legislación sobre denunciantes en Estados Unidos que decía:
«Resuelto, que es el deber de todas las personas al servicio de los Estados Unidos, así como de todos los demás habitantes de los mismos, dar la más pronta información al Congreso o a otra autoridad apropiada de cualquier mala conducta, fraudes o delitos cometidos por cualquier funcionario o persona al servicio de estos estados, que pueda llegar a su conocimiento».
El republicano de Iowa tiene un largo historial de defender a los denunciantes en la burocracia federal que proporcionan de forma independiente información importante a los investigadores del Congreso en el Senado y la Cámara de Representantes durante las administraciones de los presidentes que representan a ambos partidos políticos.
«Los programas de denunciantes que he ayudado a crear han tenido un éxito rotundo, con la Ley de Reclamaciones Falsas ahorrando a los contribuyentes 70,000 millones de dólares y el programa de denunciantes de la SEC ahorrando más de 4800 millones de dólares», dijo Grassley en una declaración del 22 de junio.
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