El representante del estado de Oklahoma Justin Humphrey (R-Lane) dijo que ha presentado una declaración jurada de causa probable ante el fiscal general de Oklahoma solicitando el arresto y procesamiento de agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
El Sr. Humphrey dijo que el documento se centra en los agentes que realizaron una redada en la casa de Russell Fincher, titular de una licencia federal de armas de fuego (FFL) en Tuskahoma, Oklahoma, el 16 de junio.
El Sr. Humphrey dijo que trabajó con la oficina del sheriff del condado de Pushmataha para redactar una declaración jurada de causa probable solicitando que el fiscal general Gentner Drummond investigue a los agentes de la ATF por extorsión, amenazas terroristas y abuso de su autoridad como agentes de la ley, entre otros cargos.
«Cuando uno abusa de su posición como agente de la ley, creo que debería ser arrestado», dijo el Sr. Humphrey a The Epoch Times.
El comerciante de armas de fuego Sr. Fincher dijo que espera que el estado de Oklahoma o una agencia federal como el FBI investigue lo que ocurrió en su casa ese día.
«Sólo quiero que lo investiguen de verdad», dijo a The Epoch Times. «Siento que la ATF no rinde cuentas».
Un portavoz de la ATF no quiso hacer comentarios sobre el caso del Sr. Fincher. Sin embargo, dijo que los informes han retratado de forma inexacta los procedimientos administrativos de la ATF.
Ashely Stephens, agente residente a cargo y responsable de información pública de la oficina de campo de la ATF en Tulsa, Oklahoma, dijo que la afirmación de que la ATF está confiscando armas sin motivo u ofreciendo venderlas de nuevo a los propietarios por centavos de dólar es errónea.
«Esa es una caracterización errónea de lo ocurrido», dijo el Sr. Stephens a The Epoch Times.
Los portavoces de la oficina del fiscal general de Oklahoma y de la oficina del sheriff del condado de Pushmataha no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Esposado delante de su hijo
El Sr. Humphrey trabajó para el Departamento Correccional de Oklahoma durante 20 años como agente de libertad condicional. Dijo que, como antiguo agente de la ley, cree que los agentes de la ATF abusaron de su poder para intimidar y coaccionar al Sr. Fincher para que renunciara a su propiedad y a su licencia federal de armas de fuego.
Acusa a la ATF de no indicar claramente de qué delito se acusa al Sr. Fincher, si es que se le acusa de alguno, y de presionarlo para que entregue las armas y su FFL esposándolo y registrando su propiedad delante de su hijo de 13 años.
«He buscado todos los estatutos que creo que se violaron», dijo el Sr. Humphrey.
En una entrevista concedida a The Epoch Times el pasado mes de septiembre, el Sr. Fincher se declaró conmocionado por la redada. Dijo que su relación con la ATF antes de ese día tenía un aire de cortesía profesional.
Cuando los agentes le llamaron y le dijeron que se quedara en casa ese día porque necesitaban hablar con él, esperaba el mismo tipo de visita oficial de siempre.
Pero cuando el Sr. Fincher miró por la ventana, vio que unos vehículos subían por su camino de entrada, se extendían por su patio delantero y descargaban a hombres armados con equipo táctico.
«No sabía qué pensar», dijo el Sr. Fincher. Salió para hablar con los agentes, le colocaron las esposas y lo sacaron de la casa.
«Me dijeron: ‘No lo están arrestando, lo están deteniendo'», dijo el Sr. Fincher.
Los agentes le preguntaron por un arma que había intercambiado legalmente en una feria de armas años antes. Un comercio del que el Sr. Fincher dijo que apenas se acordaba.
El arma había aparecido en la escena de un crimen en California años después de que él la hubiera intercambiado. La ATF rastreó el arma hasta él como comprador original. El Sr. Fincher dijo que los agentes lo acosaron sobre el canje, que era legal.
«Me dijeron: ‘Usted vendió esta pistola a un criminal’. Les pregunté: ‘¿Tienen a un criminal diciéndoles que Russell Fincher me vendió un arma?'», dijo el Sr. Fincher.
El Sr. Stephens dijo que según las directrices administrativas de la ATF, los agentes sólo incautan las armas que han sido autorizados por el tribunal a incautar. Esta es la razón por la que algunas armas pueden ser incautadas mientras que otras se dejarían.
«Sólo podemos incautar lo que el tribunal nos dice que podemos incautar», dijo.
El propietario recibe formularios para impugnar la incautación y solicitar la devolución de la propiedad. Esos formularios contendrán un valor estimado de la propiedad.
En las semanas posteriores a la redada, la ATF envió al Sr. Fincher una lista de las 50 armas de fuego confiscadas en la que se establecía un valor para cada arma de 10 dólares. Aunque subrayó que no se refería al caso del Sr. Fincher, el Sr. Stephens dijo que la ATF no ofrece la compra de armas incautadas.
«Eso no se parece a nada de lo que haya oído hablar en 20 años con la ATF», dijo el Sr. Stephens a The Epoch Times.
Añadió que los agentes que las incautan no fijan su valor.
Cuestionando a la ATF
Los documentos proporcionados por el Sr. Fincher a The Epoch Times describen el procedimiento para solicitar la devolución de la propiedad.
Hablando con The Epoch Times para este reportaje, el Sr. Fincher discrepó con la afirmación del Sr. Stephens.
«Mi abogado me dijo que si aceptaba la confiscación, me enviarían un cheque por cada arma», dijo.
El Sr. Stephens dijo que la ATF comentaría el caso lo antes posible. Sin embargo, dijo que tiene prohibido hacer comentarios sobre investigaciones en curso.
«No se nos permite hablar de investigaciones en curso», dijo.
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