El Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su presidente, el representante Jim Jordan (R-Ohio), presentaron el lunes una respuesta a una moción emitida por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Bragg había demandado detener en el Congreso una citación de Jordan, quien solicitó el testimonio de Mark Pomerantz, un exfiscal de Manhattan que dirigió una investigación sobre las finanzas del expresidente Donald Trump.
La presentación se enmarca en un enfrentamiento legal entre Bragg y Jordan sobre si el Congreso tiene autoridad para investigar la acusación de Bragg contra Trump.
En la presentación del lunes de 35 páginas (pdf), los abogados del Comité Judicial de la Cámara y de Jordan argumentaron que la demanda de Bragg para anular la citación de Jordan viola la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución de Estados Unidos.
Los abogados afirmaron que la citación de Jordan responde a un propósito legislativo válido y, por tanto, está protegida de cualquier interferencia de los tribunales en virtud de la cláusula.
Ellos también argumentaron que el Congreso está facultado para «examinar si los expresidentes están siendo objeto de investigaciones y enjuiciamientos estatales por motivos políticos, debido a las políticas que impulsaron como presidentes y, en caso afirmativo, qué remedios legislativos pueden ser los apropiados».
Pomerantz, que había impulsado una acusación contra Trump tras haber dirigido una investigación sobre las finanzas del expresidente, dejó la fiscalía de Manhattan en febrero de 2022 porque Bragg decidió inicialmente no abrir una causa penal contra Trump. Pomerantz publicó más tarde unas memorias sobre el caso.
Bragg convocó a un gran jurado de Nueva York que finalmente acusó a Trump a finales de marzo de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, de los que el expresidente se declaró inocente.
El 6 de abril, Jordan citó (pdf) a Pomerantz para que preste testimonio en el marco de la supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de la «imputación sin precedentes» de Bragg contra un expresidente de Estados Unidos. Jordan y el comité iniciaron una investigación sobre la oficina de Bragg en las semanas previas a la imputación de cargos contra Trump el 30 de marzo.
En respuesta, Bragg presentó una demanda federal el 11 de abril (pdf), pidiendo a la corte que emita una orden de restricción temporal y una medida cautelar para bloquear la aplicación de la citación. Pero la corte rechazó que la solicitud de emergencia de Bragg constara en el expediente, al menos hasta que se celebre una audiencia sobre el asunto. La audiencia inicial del caso está prevista en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el miércoles por la tarde.
Legisladores del GOP refutan la acusación de Bragg de «amenaza al federalismo»
Bragg en su demanda (pdf) caracterizó la citación de Pomerantz como un «ataque sin precedentes [sic] descarado e inconstitucional» contra la acusación e investigación de Bragg sobre Trump.
«Esa campaña es una amenaza directa al federalismo y a los intereses soberanos del Estado de Nueva York», dijo Bragg en la demanda.
También añadió que Jordan no tiene «ningún poder bajo la Constitución para supervisar asuntos criminales estatales y locales» y que no tiene «ningún propósito legislativo legítimo» para emitir la citación.
«La citación amenaza los poderes soberanos de los Estados, la confianza en el secreto de los procedimientos del gran jurado y la integridad de un proceso penal en curso», argumentaron los abogados de Bragg. Ellos dijeron que la citación del Congreso a Pomerantz «marca la primera vez en la historia de nuestra nación que el Congreso ha utilizado su proceso obligatorio para interferir en un caso penal estatal en curso».
En un memorando de ley (pdf) para apoyar la demanda de Bragg, presentada el 11 de abril, los abogados dijeron que la citación del Congreso «excede la autoridad del Congreso» y también «obstruye el derecho soberano de Nueva York para hacer cumplir su ley penal».
Los legisladores del Comité Judicial de la Cámara de Representantes discreparon de las afirmaciones de Bragg.
El representante Mike Johnson (R-La.), que también es vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara, dijo a The Epoch Times que el Comité Judicial de la Cámara tiene interés en investigar el caso de Bragg para asegurarse de que el dinero de los impuestos federales se gasta adecuadamente.
La oficina de Bragg declaró previamente que algunos fondos federales han ido a parar a su investigación sobre Trump o sobre la Trump Organization.
«Nuestra jurisdicción se limita en gran medida al uso de fondos federales», dijo Johnson a The Epoch Times el lunes. «Nosotros sí tenemos el poder del monedero en la casa— y al final del día, vamos a proponer reformas legislativas que sean significativas y probablemente examinar algunos de los gastos de estos fondos».
«Si algunos de esos fondos se han gastado o aplicado mal, entonces tenemos la responsabilidad, como administradores del dinero de los contribuyentes, de rastrearlo y asegurarnos de que no sea así», añadió Johnson. «La oficina de Bragg ha admitido que al menos han utilizado algunos fondos federales, por ejemplo, en la persecución de Donald Trump, y eso nos interesa».
El representante Jeff Van Drew (R-N.J.) repitió la opinión de Johnson y dijo a The Epoch Times que el Comité Judicial de la Cámara no violó ningún principio de federalismo al emitir una citación a Pomerantz.
Los abogados de Jordan y del Comité Judicial de la Cámara de Representantes señalaron el lunes que el comité comenzó a investigar la oficina de Bragg después de «concluir que la perspectiva de un enjuiciamiento por motivos políticos de un expresidente podría dar lugar a cuestiones de interés federal sustancial».
Añadieron que el gobierno federal «también tiene un interés sustancial en el bienestar de los expresidentes».
Pomerantz figura como acusado en la demanda de Bragg «para que él pueda seguir acatando las instrucciones de la Fiscalía sin correr el riesgo de ser objeto de un procedimiento por desacato», declaró a los medios de comunicación un portavoz de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. El portavoz también señaló que Pomerantz había indicado previamente que seguiría la instrucción de la oficina del fiscal de Manhattan de «no proporcionar al comité información o materiales relacionados con su trabajo en la oficina del fiscal».
Pomerantz, en una declaración presentada el lunes ante la corte (pdf), señaló que no participó en la decisión de acusar a Trump.
Al solicitar a la corte que detenga la citación del Congreso, Pomerantz escribió: «En ausencia de algún alivio de esta Corte me encontraré en una posición imposible».
«Si me niego a proporcionar información al Comité, me arriesgo a ser declarado en desacato al Congreso y remitido al Departamento de Justicia para un posible enjuiciamiento penal. Si, por el contrario, desafío las instrucciones del Fiscal del Distrito y respondo a las preguntas, me enfrento a posibles consecuencias legales o éticas, incluido el enjuiciamiento penal».
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