Funcionarios del gobierno de República Dominicana anunciaron planes para comenzar a deportar a los haitianos que viven ilegalmente en el país, con la posibilidad de expulsar hasta 10,000 o más por semana.
En declaraciones a los medios de comunicación el 2 de octubre, el portavoz del gobierno, Homero Figueroa, dijo que la decisión se basa en el gran número de migrantes haitianos que viven ilegalmente en la República Dominicana. Haití y la República Dominicana se encuentran en la misma isla, La Española.
«Esta operación tiene como objetivo reducir el exceso de población migrante detectado en las comunidades dominicanas», dijo el portavoz.
Las deportaciones comenzarían inmediatamente y se centrarían estrictamente en garantizar «el respeto de los derechos humanos», según Figueroa.
En el pasado, activistas y observadores criticaron a la administración del actual presidente dominicano, Luis Abinader, por supuestas violaciones de los derechos humanos contra los haitianos y los descendientes de haitianos nacidos en el país.
El Sr. Abinader y su administración negaron haber cometido infracción alguna. En discursos anteriores ante la ONU, el presidente dijo que su país está soportando la carga de la crisis humanitaria en Haití sin mucha ayuda del resto del mundo.
Las autoridades también están planeando reforzar la vigilancia fronteriza y la seguridad de los puntos de entrada a la frontera, dijo el Sr. Figueroa, sin dar detalles específicos sobre lo que esto podría incluir.
La decisión de iniciar expulsiones masivas de haitianos es consecuencia de la «lentitud» de la comunidad internacional para restablecer la estabilidad en Haití, según el portavoz.
También dijo que funcionarios del gobierno de República Dominicana están notando un gran aumento de migrantes haitianos, ya que la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) del Consejo de Seguridad de la ONU en Haití aún no ha logrado restablecer el orden.
Haití declaró el estado de emergencia el 3 de marzo, debido a que los casos de allanamientos de morada, robos a mano armada, agresiones sexuales y asesinatos aumentaron más allá de lo que la policía local podía manejar. La ONU dijo en un informe de junio que la violencia de las bandas en Haití alcanzaron «niveles alarmantes».
La violencia en el país se intensificó significativamente tras el asesinato del expresidente haitiano, Jovenel Moïse, en 2021. El primer ministro Ariel Henry llegó al poder poco después y pospuso las elecciones, gobernando sin mandato constitucional ni ningún otro cargo electo hasta que dimitió en abril.
En mayo, un consejo de transición nombró primer ministro interino a Garry Conille, para dirigir Haití.
Una misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), dirigida por Kenia, envió un contingente de 400 policías a Haití el 25 de junio, seguido de un segundo grupo de 200 agentes el 16 de julio.
Las bandas de Haití siguen controlando alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe. Se calcula que casi 700,000 haitianos se han quedado sin hogar, y muchos miles más han huido del país para escapar de la violencia.
Haití pidió que la misión del SMS se transforme en una operación de mantenimiento de la paz para aumentar sus capacidades y conseguir una financiación más estable. Sin embargo, los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron unánimemente el 1 de octubre a favor de renovar la misión del SMS en Haití por otros 12 meses, luego de que China y Rusia vetaran los esfuerzos para convertirla en una misión de mantenimiento de la paz.
Con información de The Associated Press
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