El representante Roger Marshall (R-Kan.) quiere que el Congreso prohíba que los proveedores de abortos reciban préstamos del Programa de Protección de Pago (PPP) y que exija a las oficinas de Planned Parenthood (PPFA) que devuelvan los 80 millones de dólares que recibieron en virtud de la iniciativa de alivio económico del virus del PCCh.
«Queremos una legislación que exija específicamente que Planned Parenthood devuelva el dinero por varias razones, incluyendo la Enmienda Hyde», dijo Marshall a Epoch Times el lunes.
«Asimismo, son un gran consorcio, este programa fue pensado para negocios con 500 o menos empleados mientras que ellos emplean a 16,000 personas, y tienen 2 mil millones de dólares en activos. Este préstamo no era para ellos», continuó Marshall.
La propuesta de Marshall —la Ley de Eliminación de Préstamos para Proveedores de Aborto— amplía la Enmienda Hyde (que prohíbe el financiamiento federal a grupos que terminan con la vida de los bebés no nacidos por medio de un procedimiento médico) para incluir también al programa PPP.
La Enmienda Hyde fue adoptada por primera vez por el Congreso en 1976 y fue bautizada con dicho nombre en honor al entonces representante Henry Hyde, un republicano de Illinois. La medida tiene que ser adjuntada a proyectos de ley de apropiación específicos y en los últimos años solo se ha añadido a los que financian los programas federales de salud.
El Congreso no aplicó la disposición de Hyde al programa del PPP cuando lo aprobó como parte de los 3 billones de dólares de la Ley de Ayuda, Recuperación y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
«Creemos que debería ser así. Aquellos de nosotros que creemos en la vida y que consideramos la santidad de la vida, creemos que debería haber sido [así]. Pero estos eran fondos federales y fueron usados como préstamos reembolsables para los proveedores de abortos», dijo Marshall a The Epoch Times.
La propuesta de Marshall tiene actualmente 23 copatrocinadores, todos republicanos. La propuesta también ha sido respaldada por la organización Susan B. Anthony List, el Comité Nacional del Derecho a la Vida y el Consejo de Investigación Familiar (FRC).
«Incluso enviamos una carta a la SBA diciendo, ‘no den dinero a Planned Parenthood’, y a pesar de nuestra carta diciéndoles que no lo hicieran, siguieron adelante y lo hicieron», dijo.
Marshall se refería a una carta fechada el 30 de abril que él y 93 colegas republicanos del Senado y la Cámara enviaron a la administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA), Jovita Carranza, alentándola a no extender préstamos del PPP a PPFA o a ninguna de sus filiales locales.
Señalaron que la medida de CARES daba a la SBA un amplio margen para definir la elegibilidad de los préstamos del PPP a fin de garantizar que fueran destinados a las pequeñas empresas con 500 o menos empleados.
«Bajo estas reglas, PPFA, y cada uno de sus afiliados, deben ser considerados ‘afiliados’ debido a su gestión común, y por lo tanto descalificados de los préstamos del PPP en base a su tamaño agregado de alrededor de 16,000 empleados en todo el país», decía la carta.
Sin embargo, varios afiliados de PPFA solicitaron y recibieron préstamos del PPP por un total de 80 millones de dólares.
«En realidad creemos que hubo fraude en lo que hicieron, fue muy fraudulento, y deberían ser procesados también», dijo Marshall el lunes.
«La buena noticia es que el Programa de Protección de Pago fue el programa federal más exitoso que hemos visto implementado», continuó. «Pero estábamos tan apurados por salvar los trabajos que tuvimos que hacerlo rápidamente».
«En Kansas salvó más de 500,000 empleos, pero sabíamos que las oportunidades para el fraude y para las zonas grises se presentarían. Por lo general, cuando hemos llamado a las empresas que tomaron el dinero pero que no deberían haberlo tomado, devuelven el dinero, pero todavía hay algunas que se aferran a él, incluyendo a Planned Parenthood».
Marshall dijo que el inspector general especial del Departamento del Tesoro para la recuperación de la pandemia está llevando a cabo una amplia investigación sobre cómo se está administrando el programa PPP.
El programa PPP de 670,000 millones de dólares ha sido elogiado por haber posibilitado que cientos de miles de pequeñas empresas mantuvieran sus nóminas durante el cierre nacional lanzado en marzo para hacer frente al virus del PCCh, que también se conoce como el nuevo coronavirus.
Según varios medios, la representante Susie Lee ( D-Nev.) presionó a la SBA para que permitiera que los casinos recibieran préstamos del PPP, a pesar de que la empresa de su marido se dedica al negocio de los casinos.
«Espero que el inspector general investigue cualquier caso que sea gris. No digo que eso haya estado bien o mal, pero ciertamente necesita ser investigado», dijo Marshall sobre el caso de Lee.
Personas relacionadas con empresas que recibieron préstamos del PPP han aportado hasta ahora 52 millones de dólares a distintos candidatos y grupos de apoyo durante el ciclo de la campaña de 2020, según opensecrets.org.
Entre esos individuos había docenas de abogados que han apoyado al exvicepresidente Joe Biden (D-Del.) y que trabajan para grandes bufetes de abogados en Texas y Nueva York. Dichos bufetes están especializados en litigios colectivos contra empresas de la lista Fortune 500.
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