El congresista Mark Green (R-Tenn.) presentó el martes un proyecto de ley destinado a impedir que la agencia federal de salud pública utilice fondos para coaccionar a los estados provida para que apoyen el aborto.
El proyecto de ley de una página, titulado formalmente «Ley de los Estados eligen la Vida de 2023», establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. no debe exigir a los estados que realicen derivaciones para el aborto como condición para recibir la financiación del Título X de asistencia sanitaria.
El Título X es un programa federal dedicado a proporcionar anticonceptivos y otros servicios de salud reproductiva a mujeres, en su mayoría con bajos ingresos. En 2019, la Administración Trump prohibió a las clínicas que recibían subvenciones del Título X hablar del aborto o remitir a sus clientas embarazadas al aborto, afirmando que los contribuyentes estadounidenses se han visto injustamente obligados a subvencionar la industria del aborto mediante fondos federales.
La Administración Biden empezó a revertir esta política en octubre de 2021. Esto se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma del Título X de la era Trump, que obligó a organizaciones proaborto como Planned Parenthood a abandonar el programa federal.
Según la norma actual, las clínicas que obtienen financiación del Título X deben informar a las mujeres embarazadas que el aborto es una opción posible. Citando esto, el HHS suspendió una financiación del Título X de 75 millones de dólares a Tennessee, donde es ilegal que los médicos practiquen o induzcan el aborto, con excepciones limitadas.
La financiación del Título X se utiliza «como garrote»
Green llamó la atención del secretario del HHS, Xavier Becerra, acusando a su departamento de «utilizar la financiación del Título X como garrote para obligar a los estados a participar en abortos o arriesgarse a perder la financiación».
«Los estados deberían poder hacerlo sin sufrir repercusiones, económicas o de otro tipo, por parte del gobierno federal», afirmó el congresista en un comunicado. «Ningún profesional médico debe verse obligado, en contra de su conciencia, a derivar pacientes para que aborten».
Para justificar la decisión, los funcionarios del HHS escribieron en una carta al jefe de salud de Tennessee, Ralph Alvarado, que el estado «no cumple los requisitos normativos del Título X», porque la política del estado sólo exigía que los proveedores que obtuvieran financiación del Título X compartieran información «sobre todas las opciones que son legales en el estado de Tennessee».
«La inclusión de ‘legal en el estado de Tennessee’ no es un añadido aceptable a nuestra política, ya que los beneficiarios del Título X deben seguir cumpliendo todos los requisitos normativos federales relativos al asesoramiento sobre opciones no directivas y a las remisiones», dijo el HHS.
Green rechazó ese argumento, alegando que la norma del Título X de la Administración Biden es incompatible con la Ley de Servicios de Salud Pública de 1970, en virtud de la cual se creó el programa federal de planificación familiar. La ley de 1970 incluye una disposición que prohíbe que «los fondos asignados en virtud» del Título X se utilicen «en programas en los que el aborto sea un método de planificación familiar».
En una carta dirigida a Becerra el 20 de junio, Green argumentó además que la revocación de la financiación del Título X de su estado estaba motivada por una «agenda proabortista», ya que la política sanitaria del estado no cambió mucho, salvo por la prohibición de la mayoría de los abortos.
«El único cambio reciente en la legislación y la práctica de Tennessee, en lo que respecta al Título X, es la ley de protección de la vida», escribió. «No hubo otras circunstancias o cambios intervinientes que pudieran haber provocado esta revocación de fondos».
«Su departamento tiene a Tennessee en el punto de mira porque esta administración cree que todo el mundo debe doblegarse ante la agenda radical proabortista», continuaba la carta.
«Utilizar los fondos del Título X como garrote para someter a golpes a los estados por una cuestión política es una flagrante violación de su posición, especialmente si se tiene en cuenta que estos fondos han apoyado a las familias de Tennessee durante más de 50 años».
La propuesta de ley del martes llega también un año después de que la Corte Suprema de EE. UU. anulara el caso Roe contra Wade, que protegió el acceso al aborto a nivel federal durante 50 años. En su decisión en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, la mayoría conservadora del alto tribunal votó 5-4 para permitir que cada estado decidiera por sí mismo si restringía o ampliaba el acceso al aborto.
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