Apenas unas horas después de que la legislatura de Massachusetts de mayoría demócrata votara a favor de destinar USD 250 millones más para albergar a inmigrantes ilegales, un candidato republicano que públicamente está en contra del uso del dinero de los contribuyentes para darles refugio, ganó un escaño en el Senado que por mucho tiempo ocuparon los demócratas.
Peter Durant, quien desafió a una aplastante victoria demócrata en las elecciones especiales de esta semana en el país y se impuso al demócrata John Zlotnik con una ventaja de dos dígitos para el escaño que representa a Worcester, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva Inglaterra.
«Nuestra victoria y el tamaño de esa victoria envía un mensaje claro a Beacon Hill de que los votantes están cansados de las políticas que priorizan a los inmigrantes ilegales sobre nuestros propios ciudadanos», le dijo a The Epoch Times el Sr. Durant, actual miembro de la Cámara de Representantes de Massachusetts, tras su victoria.
Además de oponerse a las políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden, Durant también es provida, un firme partidario de los derechos a portar armas y de la aplicación de la ley según la Segunda Enmienda.
La victoria de Durant también se dio tras un reportaje la semana pasada sobre un asesino convicto de Venezuela, un fugitivo buscado en el país sudamericano que apareció en un alojamiento financiado por el gobierno para los inmigrantes en la próspera Cape Cod, la misma costa de la que partió el ferry que el año pasado transportó a inmigrantes venezolanos a Martha’s Vineyard (MV).
Los migrantes fueron enviados allí por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ahora candidato a presidente, luego que los dejaron en el Estado del Sol.
En tan solo dos días, el rico atolón–un autodenominado «destino santuario» donde los céspedes muy bien cuidados están llenos de Black Lives Matter y las casas millonarias exponen pancartas LGBT–los sacó de la isla.
Las autoridades de MV afirmaron que no tenían vivienda ni trabajo que ofrecer a los inmigrantes, aunque una investigación de The Epoch Times descubrió edificios con dormitorios vacíos e innumerables ofertas de trabajo de nivel inicial en los periódicos locales.
El estatus de fugitivo de Jordano Gotopo López fue detectado el 31 de julio cuando ingresaba a Estados Unidos desde México por Eagle Pass, en Texas. Sin embargo, el hombre de 38 años, buscado desde 2006, no fue detenido.
En cambio, como informó NBC Boston, le dijeron que se presentara en 60 días para su deportación.
De alguna manera fue admitido en una vivienda de la Base Conjunta de Bourne en Cape Cod, donde vivió hasta que los agentes de ICE lo descubrieron allí el 27 de octubre.
Según una declaración escrita del director de la oficina local de ICE en Boston, Todd M. Lyons, ahora el Sr. Gotopo López está bajo custodia en espera de su deportación.
Gotopo López fue liberado en Texas a pesar de tener una «Notificación Roja» de la Interpol, la alerta más alta para órdenes de arresto internacionales.
«Hay que preguntarse cuántos más hay», le dijo Durant a The Epoch Times.
Durant, que ha expresado públicamente su disgusto por dar refugio a inmigrantes en vez de a veteranos indigentes, ganó un escaño en la Cámara que dejó vacante la demócrata Anne Gobi.
La Sra. Gobi ocupó el puesto desde 2015. Lo dejó vacante para asumir el puesto de directora de Asuntos Rurales de la administración de la gobernadora Healey.
El Rep. Durant se ha visto envuelto en una controversia pública con la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, por su negativa de revelar los nombres de miles de hoteles y moteles que aseguró con millones de dólares de los contribuyentes para albergar a los inmigrantes.
En una carta de respuesta a la solicitud escrita de información del Sr. Durant, la gobernadora Healey dijo que era discreción de su administración divulgar la información.
Durant le dijo a The Epoch Times en octubre que, basándose en la información limitada que tenía, la gobernadora Healey parecía estar pasando por alto las comunidades afluyentes y, en cambio, compra habitaciones de hotel y otras viviendas en comunidades de clase trabajadora.
En agosto de este año, Healey declaró a Massachusetts en estado de emergencia por la gran afluencia de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo que vienen desde la frontera con México. En ese momento, la gobernadora demócrata dijo que los sistema de refugio estaban «ampliando rápidamente su capacidad de manera insostenible», albergando en ese momento a casi 5600 familias o más de 20,000 personas en los refugios estatales, incluyendo a niños y embarazadas.
El representante Durant también cree que la gobernadora Healey se está apropiando indebidamente de una ley estatal sobre el derecho a la vivienda que, según él, está destinada únicamente a los ciudadanos estadounidenses y no a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Tiene un proyecto de ley pendiente en la Cámara que afirmaría el uso de viviendas públicas y de emergencia únicamente para ciudadanos estadounidenses.
Antes de la votación de la Cámara del 8 de noviembre, la gobernadora Healey ya había recibido USD 325 millones.
Durant lo llamó un cheque en blanco y señaló que, al igual que su negativa a nombrar dónde se alojaba a todos los inmigrantes, la gobernadora también se negó a dar detalles sobre cómo se estaba gastando el dinero.
Al encabezar la reciente votación para conceder el dinero adicional, el presidente de Medios y Arbitrios de la Cámara, Aaron Michlewitz, dijo: «No sería un cheque en blanco».
Se requerirá que la gobernadora Healey destine USD 75 millones del dinero para reembolsar a las escuelas que reciben nuevos niños de familias migrantes, USD 6 millones para el personal de los albergues, USD 3 millones para centros de bienvenida familiar, USD 12 millones para clínicas de salud para familias que llegan y USD 6 millones para las ciudades donde se alojaba a los inmigrantes.
Pero no es un trato cerrado: La distribución de los USD 250 millones para refugio de migrantes tiene que ser aprobada por el Senado.
La votación llega inmediatamente después de lo que parecía ser un punto de quiebre para la gobernadora Healey, una liberal acérrima, con la avalancha de inmigrantes a Massachusetts.
Después de que su administración anunció que las opciones de vivienda para los inmigrantes estaban casi al límite, les dijo: «Hay otros estados a los que pueden ir».
Recibió fuertes críticas por el comentario. Desde entonces se han publicado informes sobre familias a las que se les ha denegado el alojamiento en Massachusetts.
La Colaborativa, una organización de ayuda a la inmigración con sede en Boston, le dijo a Associated Press el 8 de noviembre que una familia que intentó ubicar esta semana fue colocada en una lista de espera y no se le proporcionó alojamiento.
La gobernadora Healey ya declaró el estado de emergencia en agosto y llamó a la Guardia Nacional en respuesta a la avalancha de inmigrantes, en el marco de la política de fronteras abiertas del gobierno de Biden.
Según la gobernadora, los contribuyentes de Massachusetts están gastando una media de USD 45 millones al mes en inmigrantes atraídos al estado por la ley estatal de «derecho a refugio».
Aún no ha criticado públicamente la política de fronteras abiertas del presidente Biden, que también ha generado críticas de los miembros de su propio partido.
En la carta de septiembre, el representante William Driscoll (D-Norfolk), presidente del Comité Conjunto de la Cámara de Representantes sobre Preparación y Manejo de Emergencias, calificó la respuesta de la gobernadora Healey a la crisis como “caótica” y dijo que el estado de emergencia declarado “no era reconocible” para muchos con toda una vida de experiencia y conocimientos en gestión de emergencias.
Mientras tanto, Boston, un autoproclamado estado santuario para inmigrantes, ha comenzado a retirar tiendas de campaña a las personas sin hogar de la ciudad en virtud de una nueva ordenanza solicitada por la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu.
En septiembre, The Epoch Times se reunió con varios veteranos estadounidenses que vivían en el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad.
Expresaron su disgusto por el hecho de que los inmigrantes pudieran «entrar» en las viviendas sin ser investigados, mientras que ellos tenían que rellenar papeles que incluían información financiera, mostrar una prueba de ciudadanía, esperar a reunirse con un trabajador social y someterse a una comprobación de antecedentes penales y a pruebas de drogas.
Entre quienes apoyan el proyecto de ley de Durant se encuentra el representante estatal Steven Xiarhos, republicano de Cape Cod, quien cree que la ley estatal sobre el derecho a la vivienda (aprobada en 1983) nunca estuvo destinada a personas de otros países.
«Tenemos que centrarnos en nuestra propia gente», dijo Xiarhos a 22News.
Hasta ahora, según la administración de Healey, el estado ha proporcionado vivienda a casi 7500 familias inmigrantes.
El 1 de noviembre, un juez del Tribunal Superior de Massachusetts denegó una solicitud de interdicto presentada por una organización sin fines de lucro contra cualquier límite en el número de familias a las que se ofrecía refugio de emergencia en el estado.
Esta semana, los legisladores estatales barajaron públicamente varias opciones para albergar a familias inmigrantes, incluido el Centro de Convenciones Hynes ubicado en el Back Bay de Boston.
Irónicamente, el edificio de 176,000 pies cuadrados se dedicó como monumento a los veteranos por parte del alcalde de Boston, John B. Hynes, quien sirvió en el ejército de EE.UU.
Cuenta con un auditorio con capacidad para 4000 personas, un salón de baile abovedado, 3100 habitaciones de hotel y 200 tiendas minoristas y restaurantes.
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