Los republicanos del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes quieren que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, testifique ante el panel para explicar por qué miles de millones en ayuda federal no han llegado a la mayoría de los inquilinos y han creado miles de millones en atrasos a los propietarios.
«Muchos de nosotros también creemos que la secretaria Yellen no ha asumido la responsabilidad de los fracasos y deficiencias del programa, haciendo caso omiso de las peticiones para que se le planteen estas cuestiones por parte de este comité y de otros, y permitiendo que se salte las obligaciones legales de testificar», dijo el representante Bill Huizenga (R-Mich.) durante una audiencia el viernes.
El Departamento del Tesoro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Según los datos publicados por el Departamento del Tesoro a finales de julio, cerca del 90 por ciento del dinero federal para alquileres asignado a los gobiernos estatales y locales no se ha distribuido, lo que se traduce en casi 40,000 millones de dólares que no llegan al beneficiario previsto.
Huizenga y sus colegas afirman que la legislación presentada por la presidenta Maxine Waters (D-Calif.), aunque es buena en su intención, podría afectar negativamente a los propietarios y crear más trámites burocráticos para hacer llegar la ayuda al alquiler a los inquilinos.
«Y, francamente, muchos de nosotros creemos que en lugar de arreglar el programa, los cambios propuestos crearían aún más burocracia, añadirían nuevas cargas y ahuyentarían a más propietarios, alejarían los fondos de los hogares de bajos ingresos afectados por el COVID y eliminarían las protecciones para combatir el fraude», añadió Huizenga.
Sin embargo, Waters dijo que su legislación ayudará a acelerar la distribución de la ayuda al alquiler.
«Estoy muy preocupada por los datos que muestran que los gobiernos estatales y locales solo han utilizado el 11 por ciento de los 46,600 millones de dólares en fondos de ayuda de emergencia para el alquiler que están disponibles. No hay duda de que los fondos no están llegando a los propietarios e inquilinos con la suficiente rapidez o amplitud», dijo Waters en la audiencia del viernes.
Waters ha presentado una legislación en un esfuerzo por acelerar los pagos que llegan a los inquilinos y propietarios. Waters dijo en una carta Apreciado Colega que su legislación —que se someterá a la comisión para su votación el 13 de septiembre— exigiría a los concesionarios «aceptar la autodeclaración de un inquilino y proporcionar asistencia directamente a los inquilinos en determinadas circunstancias».
Waters también dijo que su proyecto de ley permitiría a los propietarios «solicitar directamente los alquileres atrasados después de avisar a sus inquilinos de que tienen la intención de solicitarlos» y daría instrucciones al Departamento del Tesoro y a los «beneficiarios para que realicen actividades adicionales de divulgación entre los posibles inquilinos y propietarios».
Tanto legisladores demócratas como republicanos han pedido a los estados, municipalidades y agencias locales que aceleren la distribución de las ayudas para evitar que miles de personas sean desalojadas. La audiencia del Comité de Servicios Financieros del viernes fue un intento de los legisladores de averiguar cómo pueden agilizar el proceso de distribución en adelante.
El miembro principal de la comisión, el representante Patrick McHenry (R-N.C.), dijo que ha presentado una petición de aprobación de la gestión para que su proyecto de ley H.R. 3913, la Ley de Protección de los Inquilinos, pueda llegar al pleno de la Cámara para su votación, ya que, de lo contrario, el proyecto sería bloqueado por los demócratas.
«Debido a la mala gestión de la Administración Biden y a la inacción de los demócratas en el Congreso, las familias estadounidenses se han quedado angustiadas. Los republicanos han estado ofreciendo una solución de sentido común durante meses —la Ley de Protección del Arrendatario— para arreglar los programas de ERA (Asistencia de Alquiler de Emergencia), hacer que las familias que son propietarias se recuperen, y poner fin a la amenaza de desalojo», dijo McHenry en un comunicado de prensa.
El proyecto de ley de McHenry exigiría al Tesoro que desembolse todos los fondos restantes del programa ERA en un plazo de 30 días desde que el proyecto se convierta en ley; exigiría que todo el dinero de la ERA que no se utilice se destine a los alquileres atrasados de los afectados por la pandemia, y restablecería el plazo del 31 de diciembre de 2021 para que las ciudades y los estados distribuyan todos los fondos de la ERA.
Gerald Winn, director general de Winn Companies, expuso cuatro puntos que ayudarían a aliviar la carga financiera a la que se enfrentan los propietarios debido al dinero del alquiler no distribuido.
«Sería el consentimiento informado en contraposición a las firmas del inquilino para solicitar en su nombre, se trataría de la mayor cantidad de solicitudes que los propietarios son capaces de presentar, y que están obligados a ser aprobadas por los administradores de ERAP, en lugar de ser simplemente alentadas, una combinación de los dos programas para reducir la burocracia», dijo Winn a la comisión en la audiencia del viernes.
Winn continuó, «Y yo diría que realmente el cuarto, sería para asegurarse de que cuando una unidad está desocupada que, esa unidad sigue siendo elegible para la ayuda de alquiler, porque ahí es donde se encuentran muchas de las morosidades pendientes».
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