Seis republicanos en el Comité Judicial de la Cámara iniciaron una investigación para determinar si los principales grupos climáticos están violando las leyes federales antimonopolio en su esfuerzo por impulsar la agenda «ambiental, social y de gobierno» (ESG).
Sus preocupaciones se plantearon en una carta fechada el 6 de diciembre a dos ejecutivos del Comité Directivo del grupo inversor Climate Action 100+, en la que argumentaron que ESG, en esencia, era «simplemente política partidista disfrazada de gobierno corporativo responsable».
La agenda de ESG ahora ha incluido «sofocar la inversión en petróleo y gas», control de armas, acceso al aborto y «difusión de noticias falsas», según la carta.
Los legisladores compararon al grupo de inversores de acción climática con un «cártel», cuyo trabajo era «garantizar que los emisores de gases de efecto invernadero corporativos más grandes del mundo tomen las medidas necesarias sobre el cambio climático», citando el sitio web del grupo.
«Corporaciones woke”
“Las corporaciones Woke están adoptando e imponiendo colectivamente objetivos de políticas progresistas que los consumidores estadounidenses no quieren o no necesitan. El uso de recursos corporativos por parte de una empresa individual para fines progresistas podría violar los deberes fiduciarios u otras leyes, perjudicando su viabilidad y alienando a los consumidores”, escribieron los legisladores.
Agregaron: “Pero cuando las empresas acuerdan trabajar juntas para castigar las opiniones o industrias desfavorecidas, o para promover los objetivos ambientales, sociales y de gobierno (ESG), este comportamiento coordinado puede violar las leyes antimonopolio y dañar a los consumidores estadounidenses”.
La carta fue firmada por los representantes Jim Jordan (R-Ohio), Dan Bishop (R-N.C.), Matt Gaetz (R-Fla.), Tom McClintock (R-Calif.), Scott Fitzgerald (R-Wis.) y Cliff Bentz (R-Oregón). Jordan, actualmente el miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara, será el presidente de este comité en la Cámara, que es liderado por los republicanos, desde enero.
“La colusión de las corporaciones estadounidenses en la búsqueda de los objetivos ESG puede violar las leyes antimonopolio federales o estatales”, agregaron los legisladores, señalando cómo la ley antimonopolio suele ser “escéptica con respecto a la cooperación entre competidores”.
“Cuando empresas como Climate Action 100+ o Ceres invitan o facilitan la colusión para lograr objetivos políticos progresistas, esa actividad puede ayudar a acuerdos y comportamientos anticompetitivos e ilegales”, agregaron. Ceres es una organización sin fines de lucro y cofundadora de Climate Action 100+.
“Violación antimonopolio de libro de texto”
La carta citaba un artículo de opinión escrito por Sean Fieler, presidente de la firma de inversiones Equinox Partners, con sede en Nueva York. The Wall Street Journal publicó el artículo de opinión, titulado «El movimiento ESG es un objetivo maduro para una acción antimonopolio», en junio.
“Avanzar en la agenda ESG requiere que los propietarios del capital se confabulen para restringir el suministro de ciertos bienes y servicios. Independientemente de las motivaciones de las partes coludidas, esta es una violación antimonopolio de libro de texto”, escribió Fieler.
La carta estaba dirigida a Mindy Lubber, CEO de Ceres, y Simiso Nzima, director general de inversiones de capital global en el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS).
Los republicanos quieren que los dos ejecutivos entreguen todos los documentos de las empresas desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el presente, que muestren cómo la organización ha desempeñado su papel en «facilitar y coordinar los esfuerzos de las empresas para lograr los objetivos relacionados con ESG».
“Todos los documentos y comunicaciones que se refieran o se relacionen con cualquier esfuerzo de Climate Action 100+… o Ceres para obtener o solicitar acuerdos, compromisos u otros tipos de participación de cualquier inversionista, miembro u otras empresas, incluidas, entre otras, BlackRock, State Street, o Vanguard, para avanzar en los objetivos relacionados con ESG”, dice una de las varias preguntas enumeradas en la carta.
La fecha límite para que los dos ejecutivos presenten los documentos solicitados es el 20 de diciembre. Además, la carta solicita que se conserven más registros y materiales sobre este tema.
Desinversión
Recientemente, algunos estados han decidido desinvertir fondos de BlackRock por sus políticas de inversión en ESG.
Por ejemplo, en octubre, el tesorero del estado de Luisiana, John M. Schroder, anunció que Pelican State desinvertirá USD 794 millones de los fondos de BlackRock para fin de año, debido al impulso de la gestión de activos para adoptar estrategias de inversión ESG.
«Esta desinversión es necesaria para proteger a Luisiana de los mandatos exigidos por BlackRock, que paralizarían nuestro sector energético», declaró Schroder en un comunicado (pdf). «La inversión ESG viola la ley de Luisiana sobre los deberes fiduciarios que requieren un enfoque exclusivo en los rendimientos financieros para los beneficiarios de los fondos estatales».
El 1 de diciembre, el director financiero (CFO) de Florida, Jimmy Patronis, anunció que el estado comenzará a desinvertir USD 2000 millones en activos administrados por BlackRock por sus políticas ESG.
“La División del Tesoro de Florida se está deshaciendo de BlackRock porque han declarado abiertamente que tienen otros objetivos además de generar rendimientos”, dijo Patronis según un comunicado. “Creo que es antidemocrático que los principales administradores de activos usen su poder para influir en los resultados sociales”.
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