El intento de los republicanos de la Cámara de revocar el veto del presidente Joe Biden a una resolución de la Ley de Revisión del Congreso (CRA), destinada a anular el plan del presidente de ayuda a la deuda, fracasó con una votación de 221 a 206.
Para anular con éxito el veto de Biden, se habría necesitado una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara como en el Senado, que inicialmente aprobó la resolución.
La propuesta de Biden supondría la condonación de hasta USD 20,000 de deuda estudiantil para unos 37 millones de personas, lo que les costaría a los contribuyentes USD 500,000 millones en la próxima década.
Los legisladores republicanos argumentaron que el plan no “perdona la deuda”, sino que la transfiere de las personas que voluntariamente tomaron los préstamos a aquellos que nunca asistieron a la universidad o que ya han pagado sus préstamos.
Dos demócratas de la Cámara se unieron a 216 republicanos para condenar el plan del presidente de condonar la deuda.
El plan del presidente está siendo impugnado en la Corte Suprema de EE.UU. por demandantes que argumentan que va más allá del alcance de la Ley de Héroes de 2003. Esta ley otorga al secretario de educación de EE.UU. la autoridad para modificar el sistema federal de préstamos para estudiantes durante tiempos de emergencia nacional.
Los funcionarios de la administración Biden argumentan que el presidente está actuando dentro de la ley, pero los demandantes que impugnan el programa afirman que la ley solo permite aplicaciones limitadas de ayuda, no la cancelación generalizada de préstamos deseada por el presidente.
Resolución
A principios de este año, los republicanos introdujeron una medida CRA en la Cámara con la intención de detener la ayuda a la deuda estudiantil. Esto se produjo después de que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) descubriera que el plan de Biden estaba bajo la jurisdicción de la CRA, que faculta al Congreso para suspender las acciones iniciadas por el presidente.
En mayo, la resolución fue aprobada por la Cámara en una votación de 218-203, recibiendo el apoyo de todos los republicanos y de dos demócratas, a saber, los representantes Jared Golden de Maine y Marie Gluesenkamp Pérez, de Washington.
Poco después, el Senado aprobó la resolución con una votación de 52 a 46, cuando los senadores demócratas Jon Tester de Montana y Joe Manchin de Virginia Occidental, junto con la senadora independiente Kyrsten Sinema de Arizona, unieron fuerzas con los republicanos para rechazar el plan.
El Senado aprobó la resolución horas antes de que la Cámara votara el acuerdo sobre el límite de deuda alcanzado entre el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden a finales de mayo.
La Ley de Responsabilidad Fiscal, que suspendería el límite de la deuda nacional hasta enero de 2025, también incluye una disposición que obligaría al gobierno a reanudar el cobro de pagos e intereses de préstamos estudiantiles, que han estado congelados durante los últimos tres años.
Se espera que el gobierno reanude el cobro de pagos de préstamos estudiantiles a fines de agosto.
Impugnaciones legales
El plan de Biden para una amplia condonación de la deuda no tiene precedentes: Con un precio estimado de USD 400,000 millones, la política estaría entre las acciones ejecutivas más costosas en la historia de EE.UU.
Bajo el sistema constitucional de Estados Unidos, el Congreso debe autorizar expresamente al presidente para dictar normas que tengan enormes consecuencias económicas y políticas. En este caso, el Congreso no le dio esa autorización a Biden.
Los críticos dicen que el presidente actuó incorrectamente y, por lo tanto, el plan de alivio de préstamos estudiantiles debería declararse inválido.
La Corte Suprema también ha estado deliberando sobre el programa de Biden en relación con dos casos separados que desafían su autoridad para implementarlo. Antes de que la Corte pueda pronunciarse, primero debe evaluar si los impugnantes tienen legitimación activa. Esto requiere que los demandantes demuestren un daño tangible que el Tribunal pueda abordar.
Actualmente, la Corte Suprema está considerando dos impugnaciones legales presentadas por seis estados liderados por republicanos (Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur), así como otra impugnación respaldada por Job Creators Network Foundation, una organización de defensa conservadora.
Se espera que el Tribunal se pronuncie sobre el asunto a finales de junio.
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