El representante de Ohio, Jim Jordan, el principal republicano en el Comité Judicial de la Cámara, presentó el martes una resolución que obligaría a personas clave a cooperar con una investigación sobre las acciones que la administración Biden ha tomado para reprimir las protestas de los padres.
Si se adoptara la resolución, el comité emitiría citaciones para el fiscal general, Merrick Garland, para el director del FBI, Christopher Wray, para el secretario de educación, Miguel Cardona, y para la presidenta de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA), Viola Garcia, exigiendo que estas personas proporcionen información sobre las reacciones de la administración Biden a una carta (pdf) ahora rescindida que describió las perturbaciones en las reuniones de las juntas escolares como «una forma de terrorismo nacional».
Específicamente, las citaciones buscan «documentos relacionados con el uso de las fuerzas federales por parte de la administración Biden, incluidas las herramientas antiterroristas, para atacar a los padres preocupados en las reuniones de la junta escolar local y para reprimir la actividad protegida de la Primera Enmienda».
La medida se produce días después de que Jordan le pidiera al representante, Jerry Nadler (D-N.Y.), presidente del comité judicial, que emitiera citaciones para investigar el asunto. En su mensaje del 2 de diciembre (pdf), Jordan dijo a Nadler que los republicanos del comité habían enviado varias solicitudes de información a la administración Biden y a la NSBA, pero que hasta la fecha no habían recibido material de respuesta.
Jordan señaló un memorando interno enviado a los miembros de la NSBA por García, quien fue designado por el Departamento de Educación a una junta asesora federal luego de la controversia. El memorando, con fecha del 12 de octubre, incluía una cronología de la interacción de la NSBA con la Casa Blanca.
Según el memorando obtenido y hecho público por Parents Defending Education, hubo al menos una reunión con el personal de la Casa Blanca el 14 de septiembre, antes de que la NSBA enviara su carta al presidente Joe Biden el 29 de septiembre. Tan solo cinco días después, el 4 de octubre, el Departamento de Justicia emitió un memorando en el que ordenaba a los agentes de las fuerzas federales que se reunieran con los líderes estatales y locales para discutir estrategias para abordar las supuestas amenazas de violencia contra los miembros de la junta escolar. El 22 de octubre, la NSBA emitió una disculpa por la carta.
Jordan también señaló que el 20 de octubre de 2021, el subdirector adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI envió un correo electrónico a una lista de correos interna. El correo electrónico, según Jordan, hizo referencia al memorando del 4 de octubre de Garland y notificó al personal del FBI sobre una nueva «etiqueta de amenaza» creada por las Divisiones de Contraterrorismo y Criminal, y ordenaba al personal del FBI que aplicara esta nueva etiqueta de amenaza a todas las «investigaciones y evaluaciones de amenazas» relacionadas con las juntas escolares.
«Esta información es escandalosa y tenemos buenas razones para creer que la Administración Biden y la NSBA poseen material adicional que es necesario e importante para nuestra investigación», argumentó Jordan. “Hemos solicitado documentos e información al Departamento de Justicia y sus componentes, el Departamento de Educación, el FBI y la NSBA. Ninguna de estas entidades ha cooperado con nuestras solicitudes ni se ha comprometido con nosotros de manera constructiva».
A raíz de la carta de “terrorismo nacional”, 27 asociaciones de juntas escolares estatales se han distanciado de la NSBA, y 17 de ellas han terminado su membresía, citando desacuerdos sobre el contenido de la carta. Un cálculo basado en los datos financieros de la NSBA de 2019 sugiere que la federación nacional podría perder más de USD 1.1 millones en fondos debido a la salida de las delegaciones estatales.
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