Un grupo de republicanos de Pensilvania este martes volvieron a pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que acepte su demanda que impugna los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.
El máximo tribunal de la nación rechazó previamente la solicitud del equipo pidiendo medidas cautelares inmediatas para bloquear a Pensilvania de tomar más pasos para certificar los resultados de las elecciones de 2020. En ese momento, el abogado del grupo, Greg Teufel, dijo que el caso no había terminado porque sus clientes planeaban interponer una petición formal para pedir al tribunal que revise la demanda, la cual ellos no presentaron en la primera solicitud.
El abogado interpuso una nueva petición sobre una orden de certiorari del 11 de diciembre, que fue anulada por el tribunal el 15 de diciembre, argumentando que la Corte Suprema de Pensilvania se equivocó al desestimar su caso en que los jueces pensaron que los demandantes interpusieron su caso con un retraso irrazonable.
«Este Tribunal no debe hacer pasar por alto las leyes electorales inconstitucionales que permiten la dilución masiva de votos y tienen un impacto significativo en los resultados electorales, como lo hizo la Corte Suprema de Pensilvania», dice la petición (pdf).
El caso que nos ocupa, nominado Kelly vs. Pensilvania, argumenta que la Ley 77, una ley que hizo legal el voto por correo sin excusa en el estado, fue promulgada en violación de la constitución de Pensilvania. La constitución del estado, argumentaron los demandantes, prohíbe el voto en ausencia excepto en cuatro circunstancias limitadas.
La demanda alega que la ley estatal es «otro intento ilegal de anular las limitaciones del voto de ausentes prescritas en la Constitución de Pensilvania, sin antes seguir el procedimiento necesario para enmendar la constitución para permitir la expansión».
La demanda fue presentada por un legislador republicano, el diputado Mike Kelly (R-Pa.) y varios candidatos al congreso republicanos.
A fines de noviembre, una jueza de la Mancomunidad de Pensilvania, Patricia McCullough, emitió una orden judicial temporal que habría impedido que el estado tome más medidas para completar la certificación de la carrera presidencial. Ella argumentó que «los denunciantes parecen haber establecido una probabilidad de éxito en cuanto al fondo porque los denunciantes afirmaron que la Constitución no prevé un mecanismo para que la legislatura permita la expansión del voto en ausencia sin una enmienda constitucional».
También opinó que «los denunciantes parecen tener una reclamación viable de que los procedimientos de votación por correo establecidos en la Ley 77 contravienen» el lenguaje llano de la disposición de la Constitución de Pensilvania que trata del voto en ausencia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que los demandantes esperaron demasiado tiempo antes de que el condado de las juntas electorales tuviera que certificar los resultados de la elección para presentar el caso, lo que podría «dar lugar a la privación del derecho de voto de millones de votantes de Pensilvania» que votaron por correo.
En la petición, el abogado argumentó que era una situación sin salida para sus clientes, que querían llevar el caso contra la ley.
«Pensilvania no permite a los electores y candidatos presentar impugnaciones constitucionales sustanciales a las leyes que rigen la celebración de las elecciones federales. Un elector o un candidato no puede presentar una impugnación antes de una elección por no cumplir con los requisitos de legitimación», escribió, refiriéndose al derecho legal, o a la legitimación, de presentar el caso.
«Para superar ese daño especulativo hay que esperar hasta después de que se celebren las elecciones. Pero ahora que el daño se ha materializado y ya no es especulativo, es demasiado tarde», añadió.
El equipo legal pide al tribunal que declare la Ley 77 como inconstitucional para prevenir futuros daños resultantes de la ley. También pide al tribunal que conceda medidas cautelares para mitigar los daños actuales ya causados por la ley estatal.
Su argumento es que cuando el Tribunal Supremo de Pensilvania desestimó el caso «aislaron la legislación de cualquier ataque» e indirectamente «enmendaron» la Constitución de Pensilvania a pesar de no tener la autoridad para hacerlo.
«Tal intento de enmienda constitucional de facto es en sí mismo inconstitucional», argumentaron.
Este caso se cita como Kelly contra Pennsylvania (20-810).
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