El 27 de febrero, un grupo de comités de la Cámara de Representantes solicitó a través de una citación al fiscal general Merrick Garland los materiales relacionados con la investigación del abogado especial Robert Hur sobre el presunto manejo indebido de información clasificada por parte del presidente Joe Biden.
El grupo está formado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
Solicitaron notas, archivos de audio, video y transcripciones de la investigación del Sr. Hur. Los comités fijaron como fecha límite el 7 de marzo, según una copia de la citación obtenida por The Epoch Times.
«Los estadounidenses esperan igualdad ante la ley y el Departamento de Justicia está permitiendo que los Biden operen por encima de ella», dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (R-Ky.), en un comunicado. «El informe del abogado especial Hur esbozó que los documentos clasificados que Joe Biden guardó durante años se refieren a países donde su familia sacó provecho de la marca Biden».
Esta es la segunda vez que los comités piden al Departamento de Justicia que entregue estos registros, la primera vez fue el 12 de febrero.
El Sr. Hur anunció el 8 de febrero que el presidente Biden no sería imputado.
«Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado», escribió el Sr. Hur en un informe de 388 páginas al Sr. Garland.
El material, según el informe, incluía «documentos marcados como clasificados sobre política militar y exterior en Afganistán, y cuadernos que contenían anotaciones a mano del Sr. Biden sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior que implicaban fuentes y métodos de inteligencia sensibles». El FBI recogió estos objetos durante un registro efectuado el año pasado en la residencia del presidente Biden en Wilmington, Delaware.
El año pasado, el FBI también registró la casa del presidente en Rehoboth Beach, Delaware, donde también encontraron material clasificado.
No obstante, el Sr. Hur dijo que «la evidencia no establece la culpabilidad del Sr. Biden más allá de una duda razonable» y que «el enjuiciamiento del Sr. Biden tampoco se justifica en base a nuestra consideración de los factores agravantes y atenuantes establecidos en los Principios de Enjuiciamiento Federal del Departamento de Justicia».
Los documentos clasificados datan de la carrera política de más de cuatro décadas del presidente Biden, que ha incluido el Senado, la vicepresidencia y ahora la presidencia.
Cuestiones de duda razonable
El Sr. Hur entrevistó al presidente Biden durante dos días el año pasado.
Al decidir no imputar al presidente, el Sr. Hur dijo que un jurado probablemente no lo condenaría, en parte debido a sus problemas mentales.
«También hemos considerado que, en el juicio, el Sr. Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre simpático, bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria», escribió el Sr. Hur.
«Basándonos en nuestras interacciones directas con él y en nuestras observaciones, es alguien para quien muchos jurados querrán identificar una duda razonable. Sería difícil convencer a un jurado de que debe condenarlo —por entonces un expresidente bien entrado en los ochenta— por un delito grave que requiere un estado mental de voluntariedad».
Los documentos de Afganistán, que tenían el nivel más alto de clasificación en Estados Unidos, eran de 2009. Estos papeles estaban en una casa de Virginia que el presidente Biden alquiló en 2019 y donde se reunió con un escritor fantasma para sus dos libros antes de que los documentos clasificados fueran enviados a Delaware.
«Sin embargo, no creemos que esta evidencia sea suficiente, ya que los jurados probablemente encontrarían una duda razonable por una o más de varias razones», escribió el Sr. Hur.
«Tanto cuando se desempeñó como vicepresidente como cuando se encontraron los documentos de Afganistán en el garaje de Delaware del Sr. Biden en 2022, su posesión de ellos en su casa de Delaware no era una base para el enjuiciamiento porque como vicepresidente y presidente, tenía autoridad para mantener documentos clasificados en su casa».
«El mejor caso para los cargos se basaría en la posesión del Sr. Biden de los documentos de Afganistán en su casa de Virginia en febrero de 2017, cuando era un ciudadano privado y cuando le dijo a su escritor fantasma que acababa de encontrar material clasificado».
Defensa del «olvido»
El olvido del presidente Biden podría ser una justificación para mantener involuntariamente la información clasificada, según el Sr. Hur.
«Mientras que el Abogado Especial puede haberse negado a acusar al presidente citando sus problemas de memoria, el Congreso y el pueblo estadounidense no consideran ‘anciano y bien intencionado’ una defensa para la corrupción», dijo el presidente del Comité de Medios y Arbitrios Jason Smith (R-Mo.) en un comunicado.
Además, el FBI encontró cuadernos de la época del presidente Biden como vicepresidente que él sabía que «contenían información clasificada», dijo el Sr. Hur.
Sin embargo, las pruebas no «cumplirían la carga [de la prueba] del gobierno en el juicio, en particular el requisito de demostrar que el Sr. Biden tenía la intención de hacer algo que la ley prohíbe», dijo el Sr. Hur.
«Esperamos que la defensa del Sr. Biden en el juicio sea que pensaba que sus cuadernos eran de su propiedad personal y que se le permitía llevárselos a casa, aunque contuvieran información clasificada».
Además de las viviendas del presidente en Delaware y la casa alquilada en Virginia, también se encontraron documentos clasificados en el Penn Biden Center de Washington y en la Universidad de Delaware.
El informe hacía referencia a material clasificado relacionado con la llamada telefónica de 2015 entre el entonces vicepresidente Biden y el entonces primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk, en la que el primero pidió el despido del fiscal ucraniano Viktor Shokin. Los comités del Partido Republicano solicitaron la información clasificada.
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