A la luz de la filtración del borrador de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que atrajo a manifestantes a las casas de los jueces, el senador Bill Cassidy (R-La.) presentó el jueves un proyecto de ley que convertiría en delito la filtración de información confidencial del máximo tribunal del país.
El proyecto de ley (pdf), titulado Stop Supreme Court Leakers Act, tiene como objetivo proteger una serie de información de las filtraciones, incluidos los borradores y los fallos finales de la Corte Suprema que aún no se han hecho públicos, las notas internas sobre los casos atendidos por el tribunal, la comunicación entre los jueces y sus empleados sobre los casos pendientes, la información personal de los jueces que no esté legalmente disponible para el público, y «cualquier otra información designada como confidencial por el Presidente de la Corte Suprema».
Cualquier divulgación no autorizada de esta información sería castigada con hasta 10 años de cárcel, además de una multa de 10,000 dólares, según el proyecto de ley. El infractor también sería despojado de los beneficios derivados de la filtración, que podrían incluir ofertas de libros o contratos de colaboradores de televisión.
«La reciente filtración fue un intento de intimidar públicamente a los jueces y de socavar la integridad del Tribunal, al tiempo que ponía vidas en peligro», dijo Cassidy en un comunicado de prensa. «Mi proyecto de ley obliga a los filtradores a rendir cuentas y les quita cualquier esperanza de beneficiarse de sus delitos».
Junto a Cassidy están los senadores Marco Rubio (R-Fla.) y Cindy Hyde-Smith (R-Miss.) como copatrocinadores. Ambos coinciden en que la filtración del mes pasado del borrador del fallo sobre el acceso al aborto perjudicó a la Corte Supremo como institución.
«La filtración de un borrador del fallo de [Dobbs v. Jackson Women’s Health] no solo socava la integridad de nuestro sistema judicial, sino que también sigue estimulando las amenazas de violencia contra los jueces de la Corte Suprema y los centros de urgencia de embarazo», dijo Rubio, en referencia al supuesto intento de asesinato del juez Brett Kavanaugh y a los ataques a los centros de atención al embarazo en todo el país.
Nicholas John Roske, un hombre de 26 años de California, se enfrenta a un cargo de intento de asesinato tras ser detenido cerca de la casa de Kavanaugh en Maryland. El hombre habría dicho a los agentes de policía que lo detuvieron que estaba allí para matar a «un juez específico de la Corte Suprema», según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acusado iba equipado con una pistola, un cuchillo, spray de pimienta, bridas y otras herramientas de robo.
Roske supuestamente dijo a la policía que estaba molesto por la filtración del borrador del fallo, que muestra que la mayoría conservadora de la Corte Suprema probablemente anularía la decisión del caso Roe vs. Wade de 1973, que legalizó el aborto a nivel nacional.
Mientras tanto, un número cada vez mayor de centros del embarazo que ofrecen servicios de atención y asesoramiento materno a las mujeres embarazadas han sido objeto de actos de vandalismo, incluido uno perteneciente a la organización provida CompassCare en un suburbio de Búfalo, Nueva York, que sufrió un ataque con una bomba incendiaria. Los responsables del ataque a la clínica de Búfalo dejaron el mensaje «Jane Was Here» (Jane estuvo aquí), en referencia al grupo proabortista Jane’s Revenge (La venganza de Jane), que finalmente reivindicó el ataque.
Jim Harden, director general de CompassCare, compara los violentos ataques a los centros de servicios a favor de la vida con el incendio y el destrozo de las propiedades judías en toda Alemania bajo el régimen nazi.
«Esta es la Kristallnacht pro-abortista», dijo Harden en una declaración tras el incendio. «Debido a este acto de violencia, las necesidades de las mujeres que se enfrentan a un embarazo no planificado no serán atendidas y los bebés morirán».
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